Manuel Sánchez/Quadratin
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Jueves 18 de octubre, 2018
La intención del presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, Eduardo Martínez, de iniciar un juicio político a magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) fue rechazada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió sobreseer el intento de controversia constitucional.
Lo anterior se da después de haber perdido inicialmente el juicio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación (TEPJF).
El juicio político contra los magistrados del Teqroo había sido iniciado por el consejero electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), Sergio Avilés, que a su vez, había sido secretario de Acuerdos del Teqroo, donde trabajó por cerca de 10 años.
El expediente ingresó al Congreso del Estado, en los primeros meses de 2017, pero fue impugnado ante el TEPJF que había dado la razón a los magistrados Nora Leticia Cerón, Víctor Vivas Vivas y Vicente Aguilar Rojas.
Pese a la resolución, el diputado Eduardo Martínez encabezó la batalla jurídica que acaba de perder, con la Controversia Constitucional 212/2017, cuyo actor es el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.
El acto impugnado por la Legislatura XV, se centró en la competencia asumida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al conocer y pronunciarse en un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales respecto de un asunto de responsabilidad política.
En ese tenor, la SCJN dejó en claro que la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional y señaló que en el Artículo 99 Constitucional el Constituyente Permanente estableció que al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva, entre otros asuntos, las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votados y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen la Constitución y las leyes.
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