Sancionan a ex funcionaria con "servicio social"

Joana Maldonado
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Martes 16 de octubre, 2018

Denunciada por negligencia en el desempeño de la función pública, la ex presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Elide N (María Meriggi Pérez), una de las involucradas en la elaboración de juicios apócrifos mediante los que se despojaba a propietarios de predios logró acordar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), restituir su falta mediante “servicio social” durante seis meses.

En conferencia de prensa para abundar sobre el Segundo Informe de labores, la titular de la STyPS, Catalina Portillo Navarro indicó que desde el inicio de esta administración se han logrado recuperar alrededor de 711 millones de pesos, producto de las denuncias penales por juicios laborales apócrifos en los que se involucraron los presidentes de las Juntas de Conciliación, resultado de las seis denuncias penales interpuestas.

Debido a los amparos promovidos por los ex funcionarios, dijo que solo se han podido integrar dos carpetas administrativas aunque el proceso no ha concluido puesto que se continúa trabajando en relación a los 28 expedientes que están en vía de “cumplimiento de las ejecutorias de amparo para proceder y hacer la restitución de los bienes que han sido desposeídos”.

“De las seis denuncias que se han complementado para tener los datos de pruebas suficientes, se integraron dos carpetas administrativas, se tiene a dos ex presidentes de junta vinculados, ya se hizo la imputación”, señaló.

El junio pasado, un Juez de Control había otorgado el auto de vinculación a proceso en contra de la ex funcionaria Elide N., por el delito de negligencia en el desempeño de la función y se determinó una garantía económica y un periodo de mes y medio para la investigación complementaria.

El pasado 20 de septiembre, mediante un comunicado, la Fiscalía General informó que se había suspendido la audiencia intermedia relativa a la carpeta administrativa 184/2018, a petición de su defensa que proponiendo que se aplicara la suspensión condicional, fijando fecha el pasado 5 de octubre para la continuación de la audiencia intermedia.

Catalina Portillo indicó que en esa fecha, la ex presidenta de Junta fue vinculada a proceso pero se llegó a un acuerdo de las medidas alternativas dentro del Sistema de Justicia Penal acusatorio “y va a hacer trabajo a la comunidad”.

“Ella hacía un planteamiento de tener una hora en el DIF durante 18 meses, la postura fue de que no estamos en contra de que haga trabajo a favor de la comunidad pero va a laborar trabajo social tres horas diarias de lunes a viernes durante seis meses y será en la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores en Cancún a partir del 5 de noviembre al 5 de mayo de 2019”, precisó.

Catalina Portillo apuntó que la ex funcionaria “colaborará para restituir lo que haya cometido y que el Juez de instrucción haya valorado dentro de la Carpeta Administrativa”

De los otros tres implicados en las cinco denuncias, dijo que están siendo sujetos a proceso, y la Fiscalía dirá si procede la orden de comparecencia.