Con un discurso “bien armado”, el Congreso del estado de Quintana Roo busca a través de la Ley para la Protección a la Maternidad crear una red que evite que las víctimas de violación aborten y que se les vincule a organizaciones “provida”, pese a que hay organismos que trabajan con víctimas de violencia; además, esta propuesta legislativa no privilegia una maternidad digna y deseada, señaló Silvia Chuc Aburto, de la organización Gobernanza.
La activista abundó en que esta propuesta, cuyo análisis inició el pasado martes y que promueve el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Martínez Arcila, deja de lado el ejercicio de una maternidad digna. Tampoco toma en cuenta, aseguró, los derechos de las mujeres a una atención materna adecuada, porque habla de generar una red de apoyo que se accionará cuando se identifique en un servicio privado que una mujer esté embarazada, lo cual ya existe.
La ley, que fue promovida desde diciembre de 2020, no contempla la NOM 046 referente a la violencia sexual. “Desde Gobernanza se ha documentado la problemática de violencia sexual con esta Legislatura y otras instituciones y hemos remarcando la importancia de que se garanticen los servicios de salud a las víctimas y no sean criminalizadas, pero esta propuesta no homologa, ni toma en cuenta la Norma”, dijo Chuc Aburto.
Desde la perspectiva de esta organización, la iniciativa “pareciera un intento por criminalizar a niñas y mujeres bajo la causal de violación, lo que tiene sentido en la postura del PAN y del diputado que la promueve”, dijo.
Así también, esta propuesta de ley refiere al término “sexualidad responsable y valores” y no así al término correcto de “educación integral de la sexualidad”, cuyo uso refiere la Estrategia Nacional para la Prevención de Educación del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).
“Nos parece un intento por querer retroceder en los derechos de las mujeres, por querer criminalizar y poner obstáculos a las víctimas de violación, y se analiza justamente en el marco del Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres”, y agregó que dicho ordenamiento deja de lado la violencia obstétrica.
En el análisis de la iniciativa en las comisiones unidas de Derechos Humanos y Salud y Asistencia Social, el diputado de Morena, Edgar Gasca Arceo, propuso que en el análisis de la misma se acompañe de personal del DIF y Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
En el primer contacto con esta iniciativa, la diputada Judith Rodríguez dijo que esta ley deja de lado el ejercicio de la paternidad responsable en beneficio de las y los menores, mientras que el diputado Hernán Villatoro Barrios apuntó que se trata de una iniciativa polémica, al apuntar temas que resaltan, como la adopción.
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Edición: Laura Espejo
