La XVI Legislatura del Congreso del estado inició el análisis de una iniciativa promovida el año pasado por el diputado panista Eduardo Martínez Arcila de la “Ley para la protección a la maternidad del estado de Quintana Roo”, cuyo objetivo es “ofrecer alternativas para armonizar el derecho a la vida y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo”; dicha propuesta fue presentada el pasado 8 de diciembre, en el marco de la discusión y toma del Poder Legislativo para la despenalización del aborto.

“Esta iniciativa de ley es anti-derechos y violatoria de todos los tratados internacionales que tienen el mismo valor que la Constitución Mexicana, máxima ley en nuestro país, hace ver que las mujeres sólo tenemos derechos”, escribió Ariadne Song, de Marea Verde, en sus redes sociales.

Según el planteamiento, se busca “asegurar el ejercicio de los derechos de la mujer embarazada, resguardar su salud y la vida del niño en gestación hasta la primera infancia, así como la protección en las diversas etapas del embarazo, parto y maternidad”.

“Estoy convencido de que contar con un ordenamiento de esta naturaleza permitirá al estado ofrecer alternativas para el derecho a la vida y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, garantizando el privilegio de derecho a nacer, cubrir necesidades básicas y la decisión de una mujer de ejercer la maternidad con responsabilidad con opciones seguras y efectivas”, señala el documento signado por Martínez Arcila.

El proyecto de ley incluye un capítulo con disposiciones generales que establecen que la aplicación de la misma sería obligatoria, otro que establece los principios rectores, entre los que se encuentra el interés superior del niño y la salud mental, y se establece normas que podrán aplicarse de manera supletoria para brindar toda la protección requerida.

También incorpora un capítulo sobre la obligación de autoridades de promover la calidad en la atención prenatal y otro para establecer los derechos de las mujeres durante el embarazo, el parto y lactancia, así como la relación con los servicios de salud, estableciendo la creación de unidades de atención a la maternidad.

Asimismo, propone un capítulo para establecer la implementación de una red de apoyo a la maternidad con el objetivo de reunir a las organizaciones públicas y privadas para que brinden asesoría y apoyo a mujeres para “superar cualquier conflicto que se les presente durante y después del embarazo”.

Edición: Laura Espejo