Este miércoles se cumplieron cuatro años de la declaratoria de la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en tres municipios de Quintana Roo, por parte de la Secretaría de Gobernación; en este contexto, la Red Feminista Quintanarroense (RFQ) insiste en que la violencia contra las mujeres prevalece, y que no se ha hecho justicia a aquellas cuyos casos no fueron investigados bajo el tipo penal de feminicidio, entre otros aspectos que obligaba esta alerta.
El 7 de julio de 2017, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), emitió la AVGM en Quintana Roo, apenas unos meses después del inicio del gobierno de Carlos Joaquín González, por incumplir medidas encaminadas a la prevención de la violencia de género recomendadas desde la administración de Roberto Borge Angulo que habían sido ignoradas.
En consecuencia, se instó a la entidad a coordinar acciones en continuidad a la estrategia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Entre algunas medidas solicitadas se encuentran la implementación de un programa coordinado de atención a mujeres víctimas de violencia y protocolos de actuación, fortalecer y publicar formalidades para investigar y juzgar con perspectiva de género casos de feminicidio y delitos sexuales.
A cuatro años de distancia, la Red Feminista Quintanarroense se pronunció en este sentido, sosteniendo que no han existido acciones sino simulaciones, haciendo un análisis de la situación que impera en cuanto a la violencia feminicida.
La RFQ sostiene que el estado es el tercer lugar más peligroso para ser mujer en México, tomando en cuenta los datos recientes en el número de feminicidios por cada 100 mil habitantes, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“Nuestras hermanas siguen desapareciendo todos los días, sin que las autoridades hagan algo para devolvérnoslas con vida; las redes de trata de personas en el estado siguen operando con la permisividad e incluso complicidad”, apuntan.
Según los colectivos que integran esta red, no existe un plan de trabajo establecido y con indicadores medibles y políticas claras, para que se dé cumplimiento a la alerta.
“Las áreas que tienen bajo su responsabilidad la prevención, investigación y sanción de la violencia familiar siguen estando en manos de personas que carecen de enfoque en derechos humanos y de perspectiva de género (…) no existe una verdadera y completa armonización legislativa con perspectiva de género para eliminar las disposiciones que menoscaban o anulan los derechos de las mujeres. Aún hay nueve acciones legislativas pendientes de efectuar”, cita en su pronunciamiento.
Y añade que no existe un mensaje de “cero tolerancia” a la violencia contra mujeres, sino un mensaje de permisibilidad y normalización; además que han sido la Antimonumenta y la pinta de murales las únicas reparaciones simbólicas que existen a favor de las víctimas en el estado y que éstas no han sido reconocidas por las autoridades.
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Edición: Estefanía Cardeña
