Hace dos años, Mónica era menor de edad y su mamá, Carolina (nombres cambiados por el proceso legal en curso), presentó una denuncia por pornografía infantil, ya que sus compañeros vendían el contenido íntimo de su hija a 50 pesos, aunque en la Fiscalía de Yucatán quedó asentado como delito contra la intimidad.
A sus 16 años, Mónica comenzó a ser víctima de la difusión de su contenido íntimo entre 11 compañeros de su escuela, quienes cobraban 50 pesos por él y, además, iniciaron acoso en su contra con burlas e insultos que hasta la fecha continúan; a pesar de esto, tras dos años de la denuncia presentada, la Fiscalía General del Estado (FGE) determinó el ejercicio de la acción no penal y la carpeta de investigación podría cerrarse, a menos de que un juez determine lo contrario en la audiencia que tendrán en enero.
Los 11 implicados “eran mis amigos, personas muy cercanas a mí, llevaba dos años conviviendo con ellos diario; nos veíamos dentro y fuera de la escuela, eran una parte importante”, recordó Mónica.
Aunque decían ser sus amigos, no solamente difundieron su contenido íntimo sin su consentimiento, sino que también comenzaron a agredirla sin que las autoridades escolares hicieran algo al respecto cuando les reportaba lo que estaba pasando.
En el momento en el que se enteró de la difusión de su contenido, acudió con el director de su escuela y éste decidió hacer una reunión con quienes fueron los primeros siete sospechosos y ella, allí acordaron que eliminarían el contenido y se terminaría todo, pero no ocurrió así y el acoso continuó.
Salirse de la escuela no implicó que el acoso finalizara, pues hasta la fecha continúa a través de redes sociales, llamadas telefónicas de diferentes números (aunque ella misma ya cambió su línea en tres ocasiones) e incluso la han seguido hasta su trabajo.
“Me han dañado mucho, me han obligado a dejar de ser yo; la difusión del video me ha dañado mucho porque vendieron mi contenido en la escuela, les resultó bien y lo vendían por 50 pesos, o sea, yo valía 50 pesos y fue muy impactante, estaban a mi lado, decían ser muy mis amigos”.
Ahora, dos años después, sigue sin sentirse segura porque sabe que ellos aún la agreden y hasta tienen un grupo de WhatsApp Licenciados en Molestar [el nombre del grupo fue cambiado] en el cual planeaban cómo actuarían en su contra, incluyendo el haberle enviado el video a su mamá y qué discursos darían si les llamaban de la FGE (tiene capturas de pantalla de esto, pero la Fiscalía no quiso tomarlas como pruebas).
Hoy en día, Mónica y Carolina piden que su caso no concluya en carpetazo porque “jamás terminaron de integrar las cosas (en la FGE), faltaron diligencias por hacer y era muy desesperante porque tenemos las pruebas suficientes que acreditan todo lo que sucedió”.
El 3 de diciembre les informaron que se determinó el ejercicio de no acción penal, aún con todas las diligencias faltantes por parte de la Fiscalía y en enero la decisión dependerá de un juez que dictamine si se dará carpetazo.
La acción no penal, le dijeron, es porque no tiene cómo acreditar que no les dio su consentimiento; pero aseguró que jamás lo concedió y esto ha repercutido en toda su vida hasta intentar cambiar su imagen y suicidarse, por lo que quiere justicia.
También te puede interesar: Olimpia Melo impartió taller para prevenir violencia digital en Yucatán
Edición: Estefanía Cardeña
.jpg)
