Por Katia Rejón
Defensoras de los derechos de las mujeres llevaron una iniciativa al Congreso del Estado de Yucatán para penalizar la violencia institucional, en el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género. La iniciativa busca sancionar hasta con seis años de cárcel a servidores públicos que dilaten, obstaculicen o impidan el goce y el ejercicio de los derechos de las mujeres.
Las activistas explicaron que aunque la violencia institucional se contempla en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia, ésta no es punitiva, por lo que hacen falta acciones que respondan al incremento de violaciones a los derechos humanos de niñas y mujeres en el ámbito institucional.
“Llámese Secretaría de las Mujeres, Centro de Justicia, Fiscalía, Hospital O’Horán, todas las instituciones siguen siendo omisas y discriminando”, expresó la activista Adelaida Salas.
La iniciativa se entregó a todos los representantes de partido de la Comisión de Igualdad de Género para que la estudien y “la hagan suya”. Comentaron que otro camino sería realizar una iniciativa ciudadana, sin embargo, la recopilación del número de firmas para llevarla a cabo sería complicada por la pandemia. Aseguraron que el proyecto se realizó junto con sociedad civil y abogados, ahora la entregan a diputados para que la lleven al pleno.
Salas compartió que en su experiencia como acompañante de víctimas ha sido testigo de la obstaculización de los derechos:
“La vivimos cuando acompañamos a una niña víctima de violación sexual que no es atendida en un centro de salud. Cuando a una mujer la golpean y le quitan a su hija de siete meses y le dicen que no se puede hacer nada por la pandemia; cuando llegamos a la Fiscalía a denunciar a un soldado por el delito de violación a cuatro mujeres, y a duras penas logramos que le tomen a una la denuncia. Una de las víctimas ya fue cuatro veces y no quieren tomarle la denuncia”, expresó.
Además de añadir la sanción, en la iniciativa se corrige el párrafo que define “Violencia Institucional” para que también incluya las omisiones de las personas servidoras públicas que discriminen, dilaten, obstaculicen e impidan el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres "así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, así como a cualquier otra a que tengan derecho, siempre que cubran los requisitos exigidos por la normativa vigente".
Así lo contempla la normativa actual
V. Violencia institucional: es la cometida por las personas con calidad de servidores públicos que tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, así como a cualquier otra a que tengan derecho, siempre que cubran los requisitos exigidos por la normativa vigente.
Así la iniciativa
V. Violencia institucional: es toda acción u omisión de las personas servidoras públicas que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, así como a cualquier otra a que tengan derecho, siempre que cubran los requisitos exigidos por la normativa vigente.
Las autoridades estatales y municipales tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de la prevención, atención, investigación, sanción y, en su caso, reparación del daño que les inflijan.
La Comisión de Igualdad de Género recibió la iniciativa, escuchó a las activistas y se comprometió a revisarla.
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Edición: Laura Espejo
