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Diputados incumplen acuerdo, claman feministas

No hubo quórum por la salida de cinco diputados de la discusión para la despenalización del aborto
Foto: Marea Verde

“Si no hay quórum nos quedamos” y “cobardes” fueron las consignas de cientos de activistas de la Red Feminista Quintanarroense (RFQ) que ingresaron al lobby del Congreso del estado una vez que la salida de cuatro diputados de la discusión del dictamen para la despenalización del aborto provocó que no hubiera quórum para dictaminar; de tal manera, la XVI Legislatura incumple el acuerdo establecido mediante convenio con las colectivas feministas.

La sesión que inició poco después de las 15 horas estuvo marcada por los constantes recesos, pues los legisladores no se ponían de acuerdo; el punto más álgido fue cuando, ya a punto de aprobar el dictamen emanado de dos propuestas para despenalizar el aborto hasta las ocho semanas de gestación, la diputada sin partido Reyna Durán Ovando, el priísta Carlos Hernández Blanco, así como las diputadas Kira Iris (suplente de Lili Campos Miranda) y Aurora Pool (suplente de Atenea Gómez Ricalde), ambas del Partido Acción Nacional (PAN) abandonaron la sesión argumentando irregularidades en la reforma planteada al artículo 13 de la Constitución, para así dejar la sesión de comisiones unidas sin quórum.

Con la ausencia de los legisladores no existió quórum para llevar a cabo la votación del dictamen y pese a que se decretó un receso, alrededor de la medianoche se anunció que no se reanudaría la sesión, que se espera sea retomada este jueves.

El sentido del dictamen propuesto presenta adecuaciones a la propuesta original, como reducir a la semana ocho de gestación la despenalización del aborto y no hasta la 12, como se ha establecido en otros estados del país.

En tanto, a las afueras del Congreso, las integrantes de la Red Feminista Quintanarroense realizaron actividades artísticas y culturales; y del otro lado del edificio un grupo reducido de integrantes de asociaciones religiosas autodenominadas “pro vida” se mantenía a la expectativa y con letreros que se pronunciaban “a favor de la vida”.

“Quienes por no tener mayoría hoy, no quieren aceptar y no quieren hacer su trabajo, tienen una encomienda con la ciudadanía, si no quieren trabajar; ¿están a favor de la vida o les da miedo el costo político?, tomen una decisión y voten nadie les dice que tomen el voto en un sentido u otro, pero tomen esa responsabilidad, vengan y debatan”, dijo Tyara Scheleske de Ariño cuando los diputados abandonaron el lugar.

La diputada Judith Rodríguez Villanueva, quien preside los trabajos de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, Salud y Asistencia Social, de Derechos Humanos y Para la Igualdad de Género, que integraban el dictamen, acusó a los diputados -incluidos al panista Eduardo Martínez Arcila- de tratar de confundir a la ciudadanía.

 

Constantes interrupciones

En un primer receso se determinó hacer un solo dictamen por ambas iniciativas, proponiendo dejar de lado la reforma a la Constitución del Estado Libre y Soberano al artículo 13, puesto que se acordó que era innecesario trastocarlo, al adecuar las excepciones que permitan el aborto antes de las ocho semanas al Código Penal; no obstante, la intervención del diputado panista Eduardo Martínez Arcila obligó nuevamente a un largo receso para incorporarlo.

La reforma al artículo 13 plantea que “el Estado, reconoce, protege, respeta y garantiza a todas las personas los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución, en las normas generales y locales, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”.

El diputado José Luis Guillén, insistió en dejar fuera la reforma Constitucional. A propuesta del diputado Edgar Gasca, el artículo 92 del Código Penal enfatiza que “aborto legal es la interrupción del embarazo después de la octava semana de gestación”. El artículo 93 del mismo código se mantiene como está a la fecha, el cuál señala que “se impondrá de seis meses a dos años de prisión o de 140 a 515 días de trabajo a favor de la comunidad a la mujer que voluntariamente se practique el aborto o consienta que otro la haga abortar” y solo se añade “después de la octava semana de embarazo”.

Se mantienen los otros cuatro supuestos de no punibilidad ya integradas al Código Penal que permiten realizar un aborto, tales como violación, en el caso de que esté en riesgo la vida de la madre, que el producto presente daños físicos o mentales o bien por incidente que genere el aborto espontáneo.

En cuanto a la ley de salud vigente, se agrega un capítulo V Bis al artículo 29 para referir a la interrupción legal del embarazo y se agrega un artículo 61 que establece que las instituciones públicas de salud deberán proceder a la interrupción legal del embarazo.

También establece la obligación de los objetores de conciencia a referir a las mujeres a otras instituciones, que menciona el artículo 61-I, sobre el personal médico cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento, y que puede excusarse, sin responsabilidad, de intervenir en la prestación del servicio. El dictamen integra, además, sanciones en contra de los servidores públicos que se nieguen a la interrupción legal del embarazo.

La unidad de análisis financiero del Poder Legislativo fijó un impacto presupuestal por la aprobación de estas reformas superior a 17 millones de pesos anuales, desglosados así: más de 10 millones 700 mil referente al capítulo mil, “para ampliar turnos de médicos y enfermeros”; cuatro millones y medio más en el capítulo 2 mil, para la adquisición de misoprostol y más de 2 millones y medio para el capítulo 5 mil, lo que suma 17 millones 899 mil 912 pesos.En tanto, a las afueras del Congreso, las integrantes de la Red Feminista Quintanarroense realizaron actividades artísticas y culturales en espera de la votación de los legisladores; y del otro lado del edificio un grupo reducido de integrantes de asociaciones religiosas autodenominadas “pro vida” se mantenía a la expectativa y con letreros que se pronunciaban “a favor de la vida”.

 

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Edición: Laura Espejo