La Jornada Maya

Paul Antoine Matos
Foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 12 de febrero, 2018

Felipe Neri Espinosa, ex aspirante a la gubernatura de Yucatán por la vía independiente –desistió a finales de enero- denunció en rueda de prensa irregularidades del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) en el proceso de captación de firmas para obtener la candidatura.

Manifestó que existieron irregularidades en el proceso, como que las firmas recabadas tenían una respuesta en correo electrónico con los folios, pero en los datos ofrecidos por el INE aparecen menos. De acuerdo al último corte, su candidatura tenía poco más de mil firmas, pero recabaron más de seis mil 500 folios, indicó.

Por esa situación, presentó ante Fernando Balmés Pérez, vocal ejecutivo de la junta local del INE una carta en la que exige la aclaración del proceso de recabación de apoyo ciudadano de los aspirantes por la vía independiente, donde se desglosen cómo se registra y cada una de las firmas de apoyo con su correspondiente credencial electoral, así como que sean señaladas las inconsistencias y los duplicados.

Afirmó tener “serias dudas” sobre la legalidad del proceso, por lo que requieren ser despejadas.

Daniela Montalvo Herrera, parte de la coordinación del Movimiento Social Vanguardista, por el que participa Neri Espinosa, declaró que los apoyos no aparecen en el sistema, un problema que registraron varios de los demás aspirantes por la vía independiente. Al ocurrir un proceso de elección en Yucatán, las dudas de los conteos deben ser despejadas, enfatizó.

Aseguró que no les compete deslegitimar ni poner en tela de juicio a nadie de los demás aspirantes, pero sí consideró como posible ilegalidad recabar en una semana casi 15 mil firmas, algo inviable, como hizo la ex panista Sofía Castro Romero, quien sí obtuvo el registro para gubernatura, aunque aún requiere ser ratificado por el INE y el IEPAC.

Afirmó que, en caso de no recibir respuesta por parte de las autoridades electorales, contemplan la posibilidad de acudir a un organismo de justicia electoral para denunciar la situación y la incorrecta aplicación del proceso de apoyo ciudadano. Pero, antes de eso, conocerán si fue legal o malicioso y todo el panorama, mencionó.

Al respecto a la fiscalización del proceso de recaudación de apoyo ciudadano, manifestó que “nos tratan como partido político cuando no lo somos, ni tenemos dinero”. Señaló que tienen que reportar todos los gastos del proceso, aún cuando hayan sido donaciones o voluntariados porque “la autoridad es muy mañosa”. El tope máximo, recordó, era de dos millones de pesos.


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