Óscar Rodríguez
Foto: Especial
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Martes 6 de febrero, 2018
El diputado David Barrera Zavala, del Partido Nueva Alianza (Panal), descartó que estar inmiscuido en una demanda penal por falsificación de firmas como tercer interesado no influye en la probidad, ni capacidad de Enrique Goff Aiulloud para desempeñarse como vicefiscal anticorrupción.
El pasado lunes, en este matutino informamos que mediante una misiva dirigida a la prensa en forma conjunta, el Colectivo Indignación y el Albergue Oasis San Juan de Dios dieron a conocer que un juez federal solicitó la comparecencia de ex ómbudsman Enrique Goff, debido a las funciones que desempeñó en la Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán, como secretario ejecutivo.
En el comunicado referido se añade que también fueron emplazados Jorge Victoria Maldonado, quien fungía como titular de la Codhey cuando se dio la alteración de documentos, así como los visitadores Edwin Alejandro Arcila Cordero, Ileana de Lourdes Braga Lope y Miguel Oscar Sabido Santana, quien se encuentra actualmente encargado de la Codhey tras la renuncia de Goff Ailloud para hacerse cargo de la nueva vicefiscalía.
Según la denuncia, los antes mencionados estarían involucrados en un fraudulento cierre de expediente que se dio por un caso grave en el que la negación del servicio médico derivó en la muerte de una persona migrante y la desatención y falta de medicamentos para personas con VIH/Sida puso en riesgo la vida de más de 2 mil personas en Yucatán.
Al respecto, el legislador del Panal se pronunció por revisar a profundidad el caso, toda vez que el de acuerdo con lo publicado en los medios de comunicación, al actual vicefiscal anticorrupción se le emplaza a declarar como tercer interesado en dicho caso.
“Habría que analizar el caso, habría que tener la información muy precisa de que en base a qué lo están citando, porque si bien cuando uno participa en un juicio no quiere decir que tú seas presunto culpable o tengas alguna culpabilidad, en ese sentido creo que se tiene que acatar lo que el juez le esté solicitando”, señaló.
Finalmente, dijo que como integrante de la Comisión permanente de Derechos Humanos del Congreso del estado, seguirá muy de cerca tal situación.
Actualmente el polígono restrictivo comprende 15 kilómetros mar adentro, de Progreso a Sisal
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