Texto y foto: Graciela H. Ortiz
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Martes 29 de octubre, 2019
“La violencia política es un tema cultural, es un sistema patriarcal que se reproduce en toda la vida social de México y en todas las culturas; pero por otro lado tenemos un tema de usos y costumbres, que prevalece en muchas entidades de la República, que favorece y enfatiza esa condición de desigualdad”, sostuvo Gabriela Vargas Gómez, coautora junto a Silvia Palazuelos, del libro [i]Violencia política contra las mujeres: el precio de la paridad en México[/i], que fue presentado en la sede del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac).
Las autoras indicaron que las entidades con más casos de violencia política son Chiapas, Oaxaca y Puebla.
Por su parte, la consejera presidente del Iepac, María de Lourdes Rosas Moya, expresó que en Yucatán se habla de violencia, pero sigue existiendo el temor por la denuncia.
“Nosotros, como institución, tenemos que trabajar para que la gente tenga confianza y certeza de que la denuncia va a tener un efecto”, aseguró.
Agregó que el Instituto ha realizado muchas actividades, desde la etapa de precandidaturas, cuando ya son candidatas, e incluso “le hemos dado seguimiento a las que ya están ejerciendo el cargo”.
A su tiempo, Silvia Palazuelos expresó que no puede mencionar un caso en particular que haya captado su atención, “porque cada uno contiene situaciones de violencia que impactaron en el ejercicio de los derechos electorales de las víctimas; aunque el caso de Rosa Pérez fue muy conocido a nivel nacional y es muy llamativo por su impacto mediático, pero tenemos otros donde mujeres de comunidades fueron azotadas por su propia familia, por participar en política”.
Indicó que sólo consideraron los casos relevantes, 57 casos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), destacándose 13 por su importancia y relevancia mediática; nueve del Tribunal del Poder Judicial de la Federación y dos de la Sala Regional de Xalapa, que son de alta relevancia.
El libro consta de cinco capítulos, comenzando con el marco jurídico internacional y posteriormente va desarrollando los casos en particular que se han presentado sobre violencia política de género en las entidades federativas.
La investigación les llevó un año durante todo el proceso electoral, desde octubre de 2017 hasta octubre de 2018 “e incluimos el cierre de 2018 con las manuelitas que fue el tema que se pronunció el INE”, dijo Vargas Gómez.
[b]Antecentes[/b]
Uno de los casos mencionados se registró cuando la alcaldesa constitucional de Chenalhó, Chiapas, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México, renunció a su cargo, presentada en un contexto sin precedentes, la retención en esa localidad de los legisladores locales Eduardo Ramírez y Carlos Penagos.
La presidente municipal fue impugnada por supuestos manejos de recursos e incumplimiento de promesas de campaña. Sin embargo la razón de fondo fue el rechazo de una parte del pueblo por su simple condición de mujer. El incidente provocó enfrentamientos que derivaron en la muerte de dos personas, una mujer de 54 años y una niña de 12.
En cuanto a las manuelitas, en septiembre de 2018, los consejeros del INE remarcaron que, con base en el Código Electoral de Chiapas, sólo otra mujer puede ocupar el cargo dejado por una mujer.
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