Gobiernos de la península "deben velar" por las comunidades, no por megaproyectos

Abraham Bote
Foto: Twitter @Ferromex
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 3 de septiembre, 2019

Si bien los proyectos de infraestructura y transporte son necesarios, los gobiernos de los tres estados de la península de Yucatán deben velar por los derechos de las comunidades indígenas, sobre todo del medio ambiente y no por los intereses de empresarios, esto con respecto a los megaproyectos como el Tren Maya, indicó Adrián Flores, del colectivo GeoComunes.

“El papel del estado es velar por el bienestar de las comunidades y evitar que sean los intereses de las empresas privadas los que diseñen, determinen las rutas y características del Tren Maya. Entre más fuerte sea el estado para defender los intereses de las comunidades, el tren podrá tener menores impactos; sin embargo, si es al contrario, sus efectos serán mayores”, manifestó.

Agregó que ya existen rutas trazadas en los derechos de vía existentes, pero advirtió que muchas pueden cambiar por la presión de la iniciativa privada e intervenir reservas importantes como la de Calakmul.

Asimismo, indicó que este tipo proyectos también incentivan el crecimiento de la especulación de tierras ocasionado por el desarrollo inmobiliario y la agroindustria, entre otras cosas que afectan a las comunidades, sus tierras, la flora y la fauna.

De acuerdo con el activista, el Tren Maya es un proyecto de articulación territorial de ferrocarril con capitales privados y el respaldo del estado, entonces, este tipo de proyectos de transporte articulan la expansión de otras actividades que más impactan sobre el territorio, como la agroindustria, el sector turístico, inmobiliario, proyectos de energía renovables y la producción industrial.

[b]Acumulación de ganancias[/b]

Para el experto, aunque los proyectos de infraestructura de transporte son necesarios y útiles pues permite la conexión de unos puntos el territorio con otros, el problema es que éstos siguen una sola lógica: la acumulación de ganancias; sin embargo, si están subordinado a este pensamiento, “tuerce o imposibilita que la utilidad del proyecto esté dirigida hacia el bienestar de los pueblos y comunidades que habitan la península de Yucatán”.

Por lo tanto, desde su experiencia, hay que estar pendientes de algunos elementos del tren, por ejemplo la velocidad, que debe ser lo menos rápida posible, en especial en algunas zonas; la capacidad de carga que va a tener, que no debe aumentar tanto ya que actualmente está como a 16 mil toneladas anuales, pero pretenden aumentar a 56 mil.

[b]Advertencias[/b]

Por otro lado, aunque el gobierno federal ha dicho que el tren va a pasar por los derechos de vía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Comisión Federal de Electricidad, las agrupaciones han calculado gracias al Geovisualizador de la Península, lugares donde no existe derecho de vía y podrían ser superficies que estarían en riesgo de expropiación por parte del Tren Maya, como Calakmul.

Sin embargo: “Si este proyecto, que es de articulación de territorio planeado por el Estado queda subordinado a los intereses de las empresas privadas que lo financian, es muy probable que esos derechos de vía que ya existen y que tiene propiedad el Estado, no sean suficientes para el proyecto que está avanzando y donde hay que tener mucho cuidado”.

El experto opinó que es en la reserva de Calakmul donde el tren debe tener más cuidado, debe ser más lento, con menos capacidad de carga y hay que tener cuidado con las expropiaciones que pudieran ocurrir ahí, no obstante, “para atraer inversiones están abriendo espacios para la especulación inmobiliaria. Pareciera que el Estado estuviera abriendo subcentros urbanos donde se puede producir esta misma lógica de especulación como la que ocurrió en Mérida con el boom inmobiliario”, advirtió.

De tal forma, enfatizó, cuando se terminen las manifestaciones de impacto ambiental se podrá conocer el proyecto en concreto, que esté marcado con claridad cuál sería el derecho de vía en cada una de las zonas, si va predominar el tren de carga, turístico o de pasajeros. “Todo esto nos lo tienen que decir para empezar a realizar desde la ciudadanía, las comunidades, organizaciones civiles, evaluaciones comunitarias de impactos socioambientales, desde las comunidades”. Entre más información exista, mayor capacidad para evaluar el proyecto se tendrá, agregó.