"¡Fuera el maiceado!", claman ejidatarios ante Tribunal Unitario Agrario 34

Texto y foto: Eduardo Lliteras
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 19 de junio, 2019

“Nos mantendremos firmes hasta que logremos el triunfo”, aseguraron ejidatarios que por segundo día consecutivo se plantaron en el Tribunal Unitario Agrario 34 de Mérida al grito de “¡fuera el maiceado, señores!”, “¡fuera!”, exigiendo la destitución del magistrado Antonio Betancourt Sánchez.

En esta ocasión, los ejidatarios no pudieron bloquear el acceso al Tribunal, por la llegada de policías que se apostaron en la entrada y alrededor del inmueble.

Sin embargo, nadie les impidió realizar su plantón con mesas, sillas, micrófono y bocina: “Vamos a mantenernos firmes hasta que logremos el triunfo, señores. Así como lo sacaron de Guadalajara, así como lo sacaron de Sinaloa, fuera el maiceado, señores. Aquí están los documentos, cualquier maiceado que nos envíen que analice muy bien nuestras demandas, que vean que nosotros estamos reclamando nuestros derechos”, dijeron.

Por su parte el magistrado Betancourt Sánchez, en ésta ocasión no tuvo que huir correteado por los ejidatarios enfurecidos como ocurrió ayer, cuando tuvo que poner pies en polvorosa para evitar le rompieran su elegante traje.

[b]Acusan a magistrado[/b]

Estamos unidos los ejidos de los municipios de Sinanché, Motul, Bokobá, Cansahcab y Suma para realizar la clausura del Tribunal y solicitar la destitución del magistrado Antonio Luis Betancourt Sánchez por actos de corrupción en conjunto con el despacho del ex subprocurador Rafael Acosta, conocido operador de despojos de tierras en Yucatán, explicaron los ejidatarios momentos antes de que llegara el funcionario judicial.

Refirieron que Jorge Marcelino Alonso Chuc fue destituido como presidente del comisariado ejidal de Motul a pesar de haber sido electo legalmente, a través de un acta de nulidad solicitada por el despacho de Rafael Acosta con el apoyo del magistrado Betancourt, dejando en su indefensión al ejido.

Señalaron las componendas legales entre Rafael Acosta y Betancourt, que incluyen una demanda por su acta de elección y medidas precautorias ordenadas por el magistrado.

El ejido, posteriormente, obtuvo un amparo, según dijeron.

Los ejidatarios insistieron en su versión: el magistrado utiliza un doble rasero en la aplicación de la ley; cambia fecha a audiencias a conveniencia de los intereses a los que está defendiendo en Yucatán, incluidos los de empresas trasnacionales y sus parques eólicos.

Explicaron que su asesora jurídica, Nancy Judit Moguel Chávez, abogada adscrita a la Dirección de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, fue denunciada por el magistrado tras no asistir a una audiencia a pesar de haber presentado “su justificación por el Día de la Madre, aceptada por la dependencia en la que labora”. Asimismo, Betancourt ordenó una sanción económica por más de 10 mil pesos contra el director de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Tonatiuh Villanueva Caltempa, mismo que solicitó un amparo.

[b]No les pagan lo justo[/b]

Además del conflicto en Motul, donde según afirmaron los ejidatarios, el ex subprocurador Rafael Acosta va con su 30 por ciento en las tierras en litigio, en Sinanche y Cansacab las empresas que construyen parques eólicos les ofrecen una “miseria” por instalarse en sus tierras a los campesinos.

“En Cansacab les quieren pagar 10 millones de pesos al año, que dividido entre mil 100 ejidatarios es una miseria; en el caso de Sinanché, son 416 personas, son miserias; mientras que el avalúo realizado por especialistas arrojó 75 millones que tendrían que pagarse a los ejidatarios por mil 87 hectáreas. En Cansacab, donde son 300 hectáreas, 32 millones con base en el valor comercial al año”.

En Motul, insistieron, “el abogado Rafael Acosta Solís está metido en todos los casos asesorando a todos los prestanombres de una asamblea que se está impugnando en la compra de mil 200 hectáreas”.

Cabe señalar que el magistrado Betancourt se ha visto envuelto en el sonado litigio del fraccionamiento del Arco y Vista Alegre, en el intento de despojo a vecinos que compraron legalmente en dichas colonias de Mérida.