La Jornada Maya

Abraham Bote
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 9 de mayo, 2019

La diputada federal de la bancada del PAN, Cecilia Patrón Laviada, indicó que si bien desde el pasado 30 de abril se prohibió el matrimonio infantil en la ley, hacen falta políticas públicas para evitar este problema social, así como embarazos no deseados en adolescentes, los cuales muchas veces se presentan precisamente por estos matrimonios entre menores.

En muchas comunidades, sobre todo las más pequeñas y alejadas, explicó, las mujeres desde temprana edad buscan tener una pareja para pertenecer a la comunidad pues no se sienten valiosas hasta procrear un hijo.

El embarazo en menores de edad es un problema grave en el país y Yucatán no es la excepción. De acuerdo con datos del Inegi, expuestos por el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (Celig) de la Cámara de Diputados en Yucatán, en 2016 se registraron 103 nacimientos en mujeres menores de 15 años, y cuatro mil 966 nacimientos en mujeres de entre 15 y 19 años.

El género, la edad, el grado de escolaridad, el nivel económico y los orígenes étnicos son factores que colocan a las niñas y adolescentes en una situación de vulnerabilidad para acceder a sus derechos humanos. El embarazo en niñas y adolescentes se ha convertido en un problema que amplía las brechas sociales y de género, que impactan en su proyecto de vida, de educación, de salud, según revela un diagnóstico de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea).

Sobre el tema, Patrón Laviada recordó que el pasado 30 de abril, Día del niño, la Cámara de Diputados dio luz verde para prohibir el matrimonio infantil en el país, y que los diputados derogaron 29 artículos del Código Civil Federal para suprimir todas las referencias al matrimonio entre menores de edad, además modificaron el artículo 45 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Si bien reconoce que con esto es un gran avance, no es una solución total al problema, pero con esto se deja de alentar que un menor de edad se pueda casar, por lo que se necesitan políticas públicas para abatir por completo esta problemática social.

Las autoridades, agregó, más que vigilar que se cumpla la ley, deben propiciar oportunidades de educación y trabajo para los niños y jóvenes, que haya facilidades de acceso, transporte, para que no dejen la escuela, tengan otras prioridades en su vida. “Las políticas públicas tienen que ir dirigidas a generar desarrollo en las comunidades pequeñas”, subrayó, y así acabar con la idea que las mujeres desde temprana edad deben buscan una pareja para pertenecer a la comunidad o sentirse valiosas sólo cuando tienen un hijo, cuando ni han rebasado los 18 años.


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