Texto y fotos: Abraham Bote
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Jueves 28 de marzo, 2019
Este 28 de marzo, integrantes de Indignación, Guardianes de los Cenotes y pobladores de Homún asistieron al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación para conocer la remisión de que si estuvo bien o no la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que dio en su momento la Seduma sobre la granja de Homún.
Si embargo, la abogada Lourdes Medina Carrillo, de Indignación, explicó que en discutida sesión, el Tribunal que conoció el amparo en revisión por la MIA de la megagranja instalada en Homún, pospuso la votación sobre el proyecto de sentencia que, a juicio de los activistas, es regresivo y desconoce criterios ambientales y de derechos de los pueblos originarios.
La profesional detalló que el magistrado Paulino López Millán, quien presentó el proyecto de sentencia, mantuvo su posición de que los pobladores no debieron ser consultados por este proyecto y que la Seduma sí cumplió con la ley. No obstante, las dos magistradas del Tribunal Colegiado en materias de Trabajo y Administrativa hicieron cuestionamientos durante la discusión del mismo.
De acuerdo con la abogada de Indignación, la magistrada Raquel Flores García, además de considerar la importancia ambiental de la zona de recarga del anillo de los cenotes y en la que se encuentra la laguna de Yalahau, también protegida, argumentó que es evidente que la autoridad violó el derecho a la consulta e hizo énfasis en esta obligación puesto que Homún es un pueblo maya.
Mientras que la magistrada Julia Ramírez Alvarado, agregó, sin referirse al fondo del asunto, consideró que el juez segundo de distrito, que conoció inicialmente el amparo y lo negó, incurrió en violaciones al procedimiento.
La magistrada Ramírez Alvarado, resaltó, sí le dio importancia al hecho de que la Manifestación de Impacto Ambiental estuviese firmada por una dentista, cuando un documento de este tipo debe ser multidisciplinaria y sustentada por personas que demuestren conocimiento en diversas materias, además de ambientales, también sociales y culturales, a la par que en el documento aparece también un nombre tachado y la magistrada consideró que "el juez debió requerir el documento original ante esa tacha".
Medina Carrillo señaló que la magistrada consideró que la justicia y la defensa tiene que ser culturalmente adecuada cuando se trata de asuntos que involucran a pueblos originarios y citó el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia, en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "También consideró como falla al procedimiento que el Juez de Distrito omitiera recabar pruebas de oficio para determinar el impacto ambiental y cultural de la megagranja", precisó.
En conclusión, la activista afirmó que las magistradas y el magistrado no se pusieron de acuerdo acerca de los efectos del amparo, es decir, reponer el procedimiento y devolverlo al Juez de Distrito para que recabe las pruebas que omitió y reponga las fallas o invalidar la MIA por las razones ya expresadas, por lo que se pospuso la decisión sobre el proyecto de sentencia.
Entonces, como no se pusieron de acuerdo de hasta dónde otorgar el amparo, se va a profundizar y discutir otra vez con estos nuevos argumentos, la próxima semana, y "se sigue en la lucha" concluyó entre aplausos de los pobladores y asistentes.
Afuera del tribunal personas de Homún se manifestaron con tambores, con la bandera maya y con pancartas de rechazo a la granja y reivindicando el derecho del pueblo a decidir. Cabe señalar que mientras esto sucedía, un fuerte despliegue policíaco se observó por la la avenida. Más de cinco camionetas con antimotines pasaron frente al tribunal y se estacionaron cerca del Tribunal por un lapso de media hora.
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