Desinterés de RZB por salud de yucatecos: PAN

Óscar Rodríguez
Foto: Gerardo Jaso
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 2 de noviembre, 2017

Ante el evidente abandono que sufren los habitantes del sur del estado en materia de servicios de salud, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Montalvo Mata, anunció que solicitará información sobre la situación que guarda el litigio entre el gobierno del estado y la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Península (IHP), por la cancelación del contrato del nosocomio en Ticul.

El litigio que inició la administración estatal contra la referida empresa podría tener un alto costo para las arcas públicas, pues de acuerdo con información proporcionada por el legislador yucateco, IHP exige 25 mil pesos por día desde que el gobierno estatal rescindió el contrato, por lo que al sumarse mil 100 días de tal hecho, se acumulan casi 26 millones de pesos.

El legislador lamentó que a menos de un año de concluir el gobierno de Rolando Zapata, la salud de miles de yucatecos en la zona sur siga sin importarle, pues mientras que el nosocomio de Ticul se encuentra en el limbo de un proceso judicial, el hospital de Tekax continúa sólo con un 25 por ciento de su capacidad, ya que sólo funciona el área de consulta externa.

“Lo que sigue es averiguar de una manera legal, a través de instancias de transparencia, cuál es el estado que tiene ese litigio desde mayo del 2015, que fue cuando se rescindió el contrato y ahora, a dos años y medio, seguimos en ese litigio”, expuso.

Abundó que las últimas noticias que se tuvieron del juicio es que se encuentra en una etapa de alegatos, donde las partes iban a presentar sus motivos ante la autoridad judicial, ambas exigen una reparación del daño por el orden de 25 mil pesos por día, desde la cancelación del contrato.

“Estamos hablando de una cantidad millonaria que el gobierno del estado o la empresa tendrían que pagar, creo que ninguno de los dos está en disposición de ponerle solución a esto, considero que el gobierno del estado debería ponerle fin y darle un uso a ese terreno que costó 8 millones de pesos al erario público y es propiedad del patrimonio estatal”, finalizó.