Demandan auditoría para reemplacamiento

La Jornada Maya
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Mérida, Yucatán
Lunes 11 de septiembre, 2017

El senador Daniel Ávila Ruiz manifestó que, en el proceso licitatorio para la adquisición de 750 mil placas metálicas, calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, ganado por la empresa Vitro Fomento Industrial, existen evidencias de manipulación por parte del secretario de Administración y Finanzas, Alfredo Dájer Abimerhi, y el director general de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Alberto Pinzón Sarabia.

El legislador de extracción panista presentó una denuncia por las irregularidades y presuntos actos de corrupción y solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar al gobierno de Yucatán por uso indebido de recursos públicos federales en la licitación pública No. LIC-GEY-SSP-031/2016 para el programa de reemplacamiento vehicular 2017.

[b]Seis horas de convocatoria[/b]

En conferencia, Ávila Ruiz, indicó que las bases de la licitación se hicieron a modo para evitar la competencia de otros proveedores nacionales y locales, toda vez que sólo se dieron seis horas para el cumplimiento de los requisitos, por lo que se sospecha que las tres empresas participantes tenían información privilegiada.

“Resulta extraño que una de las empresas participantes haya sido descalificada por no cumplir con los requisitos mínimos, y la otra haya ofertado un costo por encima de los parámetros de la convocatoria, lo que la dejó fuera en automático, sin que se declarara desierta la licitación”, afirmó.

Perjuicios
El senador señaló que existe un perjuicio a hacienda pública de al menos 66 millones 187 mil pesos y un sobrecosto a los ciudadanos yucatecos de 741 pesos, de manera que el gobierno de Yucatán obtuvo ingresos indebidos por 555 millones 750 mil pesos.

“Con ello, la administración local recupera de manera abusiva los 227 millones 690 mil pesos anuales que dejó de percibir con la eliminación del impuesto sobre tenencia vehicular, derogado en 2016 y obtiene ganancias en detrimento del bolsillo de los ciudadanos.”