Profepa inicia proceso contra responsable de encallamiento

La Jornada Maya
Foto: Conanp

Mérida, Yucatán.
Sábado 29 de julio, 2017

La Procuraduría Feredal de Protección al Ambiente (Profepa) inició el proceso administrativo en contra del propietario o responsable de la embarcación “Kay Kay” que encalló en el área natural protegida del arrecife Alacranes, al norte de las costas yucatecas, así lo informó mediante un comunicado.

La embarcación de entre 30 y 33 pies de eslora, encalló en el parque nacional Alacranes el pasado 25 de julio, posteriormente fue removida y remolcada a las costas de Puerto Progreso para realizar las inspecciones correspondientes y determinar el daño causado en el arrecife.

En cuanto a la embarcación, fue inspeccionada por personal de la Profepa en la Marina “Silicer”, ubicada en la localidad de Yucalpeten, municipio del mismo puerto, en donde se detectaron daños estructurales en la base de los motores y las propelas, así como abrasión en la parte del casco central, además de presentar poca visibilidad en su matrícula.

La segunda etapa del procedimiento consiste en determinar el daño que pudo haber causado en el área nacional protegida pero de momento se encuentra pendiente.

La Profepa también informó que actividades como filmación, fotografía, turísticas recreativas, educacionales y de investigación requieren de autorizaciones ante dicha comisión, por lo que cualquier ingreso a la zona debe ser con previa notificación.

A esto le sumó que de existir algún daño, como el encallamiento presentado por el “Kay Kay” en el área protegida natual de Alacranes, deben ser reportadas en al menos 72 horas, según lo dispuesto por el artículo 7 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

El incumplimiento a alguna de las disposiciones señaladas traerá consecuencias con penas de 4 a 12 años de prisión y por el equivalente de 1,300 a 4,000 días de multa, ya que según el acuerdo con el Código Penal Federal, las afectaciones a la biodiversidad constituyen un delito grave cuando se trata de un área natural protegida.