Paul Antoine Matos
Foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 4 de abril, 2017

Luego de que el juez Luis Edwin Mugarte Guerrero redefinió como homicidio calificado el asesinato de Emma Gabriela Molina, por el de por el que serán procesados los autores materiales Óscar M.L.T. y Jonathan M.D., la activista y representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en Yucatán, Adelaida Salas Salazar, condenó que el poder Judicial otorgue mayor protección a los asesinos que a las propias víctimas.

Y es que en la audiencia de vinculación celebrada la noche del pasado lunes, en la sala 8 del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), el juez Mugarte Guerrero decretó medidas cautelares (protección) a los presuntos asesinos por un año, pues su defensa alegó que fueron amenazados de muerte.

Para Salas Salazar resulta inverosímil el actuar del poder cuando a la propia víctima se le decretaron apenas tres meses de vigilancia y ahora el mismo poder Judicial concede dos meses de guardia-custodia de sus hijos, en favor de la señora Ligia Canto.

Asimismo, la activista señaló que gran parte de la responsabilidad de la reclasificación del delito se debe a una omisión legislativa en el 2014, cuando los diputados locales armonizaron de manera indebida el Código Penal Federal en materia de feminicidio.

Precisó que resulta grave la modificación realizada por parte del poder Legislativo en el 2014, que elimina como causal la situación de relación “sentimental, afectiva o de confianza” entre la víctima y el victimario, reduciéndola a una agravante.

“La modificación del 2014, también eliminó las causales sobre incomunicación de la víctima previa al asesinato, exhibición del cuerpo y existencia de datos sobre violencia previa, causales que sí se encuentran en el Código Penal Federal”, señaló.

De igual forma, condenó la redacción del punto de acuerdo donde los diputados califican el asesinato de Emma Gabriela como “gran feminicidio”, toda vez que “no hay feminicidios grandes o pequeños, todos son graves e igual de indignantes”.

Finalmente, indicó que en el caso de Emma Gabriela la batalla no está perdida, pues el mismo juez Edwin Mugarte indicó en la audiencia que el delito podría reclasificarse en caso de que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la parte ofendida le aportaran más pruebas.


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