Lilia Balam
Foto: Raúl Angulo

Mérida, Yucatán
Viernes 24 de marzo, 2017

Vecinos del Centro Histórico de la ciudad de Mérida, empresarios y trabajadores de los bares ubicados en dicha zona sostuvieron una reunión con autoridades del Ayuntamiento de la capital yucateca para discutir la situación de los antros, centros nocturnos y cantinas del Centro meridano.

Los residentes de barrios como Santa Ana, San Sebastián, San Juan, la Ermita, Santiago, entre otros barrios céntricos, en su mayoría manifestaron desagrado ante la situación que atraviesan todos los días respecto al ruido que emana de los negocios mencionados, así como el comportamiento de los clientes de dichos lugares, que en ocasiones afecta sus propiedades.

Una vecina, identificada como Christian, pidió a las autoridades preservar los edificios ubicados en el Centro Histórico. Recordó que Mérida fue nombrada recientemente la ciudad número 1 para los jubilados: “¿Cómo van a estar ellos seguros de que sus casas no estará a lado de un centro nocturno?”, señaló. Agregó que los lugares con música deben estar techados, cerrados e insonorizados, como los teatros José Peón Contreras, Armando Manzanero, entre otros. “No hay que permitir que los extranjeros vuelvan a su país”, enfatizó.

Al igual que ella, otras personas presentes exigieron a las autoridades cerrar los negocios que no cumplieran con normas sobre el volumen de la música, los lugares libres de humo de tabaco y otras disposiciones.

Por otro lado, trabajadores de bares, como Isabel Molina, quien labora en la Fundación Mezcalería, recalcaron que sería una injusticia cerrar los negocios de los que dependen muchas familias yucatecas. Roberto Barahona expresó: “¿Y los empleos de los mexicanos? Cuando en otros países nos dicen rateros y nos sacan como en los Estados Unidos. Debemos proteger a los mexicanos”.

De igual forma, algunos residentes extranjeros señalaron que no es la primera vez que se intenta llegar a un acuerdo con las autoridades. Un vecino originario de Brooklyn, Nueva York, relató que ya habían hablado con el ex alcalde de la ciudad, Renán Barrera, para pedir una solución al problema, Sin embargo, nunca se realizaron las acciones prometidas. Alegó: “No quieren quitarle trabajo a los meseros de los bares pero tampoco se les debe quitar a las personas que trabajan para nosotros. Nuestras casas requieren mucho trabajo y eso da empleo. No pedimos que se cierren los negocios, sino que se hagan de manera que nos dejen vivir”.

En su turno, Eduardo Alcocer expresó que los bares “La Pulquerida” y “Mala vida” pertenecen a “hijos de políticos”, que varios vecinos han reportado ante el actual edil, Mauricio Vila, los problemas de ruido que existen en dichos establecimiento, pero “Lo hemos hablado con Vila, reportan y no hacen nada. Mauricio dice que se hacen muchas cosas. Pero la policía tiene prohibido tocarlos”, declaró.

Roger Baeza y Analí Figueroa exigieron que el sector juvenil fuera tomado en cuenta en la discusión, dado que ellos también tienen derecho a divertirse. Baeza subrayó: “El Centro también es un lugar para jóvenes que no ganamos dólares, no tenemos negocios, ni vivimos en el Centro. El tinte clasista en esta reunión es ofensivo.
Clasifican los lugares para jóvenes como focos rojos. Hay un centro histórico usado por gente joven, no solo por empresarios, turistas y jubilados”.

Otro joven, Pedro Álvarez, recalcó que es necesario que los procesos en los que el Ayuntamiento otorga permisos e inspecciona negocios sean transparentes para evitar conflictos.

El director de desarrollo urbano, Aref Miguel Karam Espósitos, tomó la palabra y explicó que el asunto con los permisos es que se otorgan varios debido a que se rigen por el Programa de Revitalización del Centro Histórico. Agregó que actualmente la comuna trabaja para cambiar dicha normatividad y se añadan sanciones a quienes no cumplan con los requisitos estipulados. Comentó que no hay mecanismos para medir los decibeles de los antros y otros negocios, por lo cual esto debe ser contemplado en las nuevas normas.

“Sabemos que el ruido es un tema pendiente. De todas las quejas que hemos tenido, todas las hemos revisado, hemos cerrado negocios. La normativa no puede hacer más.
El ciudadano también tiene derecho, pero solo cuando se pone en riesgo la seguridad y la salud pública se puede clausurar un negocio. No es algo que pueda resolverse de inmediato. Pedimos empatía con las autoridades”, expresó Karam Espósitos.

En su intervención, Óscar Sauri, abogado de uno de los centros nocturnos, añadió: “No pueden pretender que la gente se quede sin trabajo. El gobierno debe proteger a los que residen en el Centro y a los que trabajan. Mérida está lleno de hoteles clandestinos, que venden drogas, negocios de la carne, no pagan impuestos y son ilegales y a ellos no les pasa nada. Es necesario que se llegue a un acuerdo ciudadano, toda vez que para las autoridades la apertura de bares representa un negocio; por una parte, otorgan licencias que significan altos ingresos, luego cierran los establecimientos inconstitucionalmente, pues sin apercibimiento previo, con lujo de fuerza y sin otorgar el derecho de audiencia clausuran arbitrariamente, lo que también representa la generación de más ingresos, por concepto de multas; sin embargo, como ya se ve, las propias autoridades se declaran incompetentes para regular el ruido, por carencias normativas. Se trata de una situación en donde vecinos y propietarios de negocios deben llega a un pacto que satisfaga a todas las partes”.

En la reunión también estuvieron presentes Carolina Cárdenas, directora de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, así como Mario Romero Escalante, jefe de la Policía Municipal.


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