La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Viernes 10 de marzo, 2017
Menos de un mes después de que ejidatarios de Chocholá advirtieran a los medios de comunicación sobre los peligros medioambientales de la presencia de una cementera en el ejido del mismo nombre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), clausuraron la obra del banco de materiales.
Los hechos, según los ejidatarios, ocurrieron el miércoles por la noche. La construcción se ubica en el banco Corralché, cerca de una unidad citrícola, en el kilómetro 127 de la carretera Campeche-Mérida; se trata de un predio de 612 hectáreas que “ilegalmente la empresa Cementos Fortaleza, a través de terceros, despojó a ejidatarios”, acusaron.
El predio no se podía parcelar debido a que era selva, y actualmente se encuentra en un juicio de nulidad por la venta, ante el Tribunal Agrario. Estaba en construcción, pero la intervención de la Profepa la detuvo “en beneficio de nosotros, los ejidatarios, que hemos vivido de nuestras tierras y en santa paz”, declararon los ejidatarios.
El viernes 17 de febrero, La Jornada Maya publicó un comunicado en el que los ejidatarios acusaban a la cementera de prácticas corruptas para coartar a los líderes del ejido y del municipio. También, afirmaron que existía la probabilidad de contaminación del manto acuífero por la presencia del banco de materiales que carece de permisos de la Semarnat y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Al lunes siguiente, 20 de febrero, los ejidatarios se manifestaron en las afueras de la Procuraduría Agraria, para exigir la suspensión de la convocatoria a una asamblea que planeaba la destitución de la comisaria ejidal, Claudia Cob Durán, quien está en contra de la cementera, pero no se pudo llevar a cabo por falta de quórum.
Al no poder realizarse, las autoridades agrarias citaron para el próximo domingo 12 de marzo a otra asamblea ejidal.
A través de firmas en la plataforma Change.org, la agrupación civil Grupo Indignación exige evitar la asamblea y pide a la Fiscalía General del Estado dejar de “criminalizar a quienes defienden las tierras del pueblo de la ambición empresarial y el despojo”.
También señalaron a la empresa Proser –constructora de carreteras para el gobierno estatal y federal– de ser copartícipe en la cantera.
“Cob Durán se atrevió a denunciar a la empresa Consultoría Proser S.A. de C.V., que explota un banco de material pétreo desde 2010, en un terreno supuestamente obtenido en usufructo por el empresario Carlos Abraham Mafud”, escribió Eduardo Lliteras Sentíes para este periódico el 21 de febrero.
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