Yucatán, 3er lugar en corrupción, en trámites

Paul Antoine Matos
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 2 de marzo, 2017

“Es inútil y una pérdida de tiempo”; ese es el sentir del 65 por ciento de los yucatecos cuando se trata de denunciar la corrupción.

Que la denuncia sea considerada de ese modo, es “preocupante”, porque sólo el ocho por ciento de los yucatecos denuncia los casos, según la Fundación Legorreta-Hernández en el estudio [i]Corrupción en Yucatán (el problema generalizado que nos parece poco grave)[/i].

El organismo civil –fundado por el empresario, activista y filántropo meridano Alejandro Legorreta– abordó el tema como una radiografía que se entregó ayer a los medios de comunicación.

Para tal efecto se realizaron seis grupos de enfoque en Mérida y Hunucmá, así como una investigación etnográfica en ambos municipios, además de Tizimín, también una encuesta representativa nacional y el análisis de los datos de la [i]Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015[/i].

El estudio arroja que Yucatán es la segunda entidad con menor percepción de corrupción a nivel nacional, sólo detrás de Querétaro.

Además, es la tercera entidad con corrupción más frecuente durante trámites, pagos o servicios prestados por el gobierno, ya que el 68 por ciento asegura percibirla durante los procesos administrativos. Delante sólo quedan Tabasco y Tlaxcala.

En Yucatán, el problema es reportado como “algo generalizado y frecuente en las interacciones entre los ciudadanos y servidores públicos, al grado que se ubica como una de las cuatro más corruptas de todo México”.

La Fundación Legorreta-Hernández señala que “una posibilidad explorada es que la misma ubicuidad de la corrupción ha provocado que sea percibida como algo común, esperado e irremediable: como parte normal de las interacciones y transacciones diarias con los agentes del estado”.

Otra razón, continúa el documento, es que “la corrupción se da por razones de supervivencia”. Es decir, son casos extremos en los que la autoridad corruptora supera en poder enormemente a la víctima de la corrupción, por lo que “ésta, ante la falta de información y de opciones prácticas y realistas, decide incurrir en el acto de supervivencia”.

El ejemplo es el clientelismo electoral, al cual cataloga como un juego con tres jugadores: el candidato a puesto de elección popular, el agente privado, cuyos ingresos dependen directa o indirectamente de hacer negocios con el gobierno, y la población, que depende de la asistencia social del gobierno, lo que la hace más vulnerable a participar por necesidad, menciona.

[b]Servidores corruptos[/b]

Yucatán es el segundo lugar nacional en el que las personas declaran que algún servidor público les solicitó un pago o regalo para el trámite, aunque sólo el seis por ciento de la gente lo afirma. Morelos lidera con ocho por ciento.

Según la radiografía, entre los servidores públicos, es la policía con quienes los ciudadanos registran una mayor interacción al momento de la corrupción.

En el 87 por ciento de las relaciones con los agentes de seguridad hubo un intento de corromper; en segundo lugar quedaron los contactos con el Ministerio Público, con un 47 por ciento de los casos; en tanto que el 40 por ciento afirmó que han sido abordados durante la búsqueda de permisos de uso de suelo, demolición o construcción.

Una cuarta parte de los que busca abrir una empresa o un negocio han tenido la interacción con funcionarios públicos, mientras que el 27 por ciento de los que realizan un trámite vehicular pasan por lo mismo.

El estudio indica que el 52 por ciento de los yucatecos se rehusó a pagar los sobornos solicitados, pero el 24 por ciento llegó a otorgar hasta 200 pesos. Un 11 por ciento ofreció entre 200 y 500 pesos; mientras que el 13 por ciento pagó entre 500 y cinco mil.

En los hogares yucatecos, también el 52 por ciento dijo conocer a alguien víctima de un caso de corrupción en los meses recientes. Morelos repite la primera posición con 55 por ciento.

[b]Castigos ejemplares[/b]

Para reducir los casos de corrupción en Yucatán, la Fundación enfatiza que los servidores públicos deben ser castigados ejemplarmente, sin importar su caso.

“En la medida en que los yucatecos vean que sus denuncias tienen consecuencias en los más altos niveles del gobierno, seguramente se animarán a hacer más denuncias”, manifiesta.

“Es momento de que las instituciones asuman una actitud proactiva ante este problema”, en el que se invite a la ciudadanía a presentar su denuncia y facilitar el proceso de la misma.