Organizaciones civiles piden cerrar el Paso Deprimido

Juan Manuel Cotreras
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Sábado 4 de julio, 2020

A casi un mes de la tormenta tropical [i]Cristóbal[/i], el Paso Deprimido continúa inundado. Han pasado nueve años desde que inició la construcción de la polémica obra y hoy organizaciones civiles solicitan su cierre definitivo al considerarla innecesaria. Argumentan que “taparla” sería menos costosa que repararla.

Esta mañana se congregaron miembros del colectivo Cuatro de Julio para recordar los hechos de aquel día en el que fueron violentados por presuntos colaboradores de la ex alcaldesa -de extracción priísta- Angélica Araujo Lara.

Patricia McCarthy Caballero, coordinadora del Frente Cívico Familiar, reiteró que muchas de las situaciones que advirtieron en su momento están ocurriendo ahora, incluyendo las inundaciones por su cercanía al manto freático.

“No se pueden imponer obras sin la aprobación de la ciudadanía y los requisitos legales correspondientes. Se puede cerrar, es más caro repararla y no hay garantía de que no va a volver a inundarse”, explicó.

Ante este panorama los inconformes urgen al Ayuntamiento de Mérida a trabajar en un diseño que privilegie la movilidad de las personas sobre los automóviles y que tome en cuenta las nuevas condiciones de la capital yucateca.

“Queremos saber qué están haciendo, a qué conclusiones han llegado con sus estudios y sus decisiones, que a la fecha no se conocen. Sabemos que están tratando de sacar el agua, pero desconocemos la perspectiva a mediano y largo plazo para la obra”, expuso.

McCarthy Caballero recordó que el 4 de mayo la entonces alcaldesa Araujo Lara sometió al cabildo la propuesta de edificar un paso subterráneo, misma que fue aprobada por mayoría sin la existencia de un proyecto previo, estudios ambientales o de presupuesto, y sin la anuencia de la ciudadanía.

A partir del anuncio de la construcción un grupo de organizaciones, entre ellas el Frente Cívico Familiar, el Colegio Yucateco de Arquitectos, Canacintra, Coparmex e incluso organismos internacionales relativos al patrimonio cultural se sumaron para tratar de evitarla.

“Alzamos la voz y advertimos que la obra no solamente no era necesaria, sino que no existían los requisitos legales para ponerla en marcha”, acotó.

Hubo una gran inconformidad y se organizó una resistencia pacífica contra su edificación. El primero de julio de 2011 los ciudadanos decidieron montar una guardia permanente para evitarla, y la madrugada del 4 de julio -hace 9 años- las maquinarias comenzaron a llegar.

“Habían contratado guardias de seguridad que venían vestidos de negro, no se identificaban con ninguna corporación y cercaron la glorieta con vallas. Comenzamos a llegar y al poco rato arribaron grupos de golpeadores armados con palos y propiciaron un ataque físico contra los que nos encontrábamos en el sitio. La policía no intervino”.

Al sobrevino la golpiza mayor, siendo Enrique Gutiérrez y David Sosa los manifestantes más afectados. Se presentaron demandas, amparos, e incluso un juicio político contra la entonces alcaldesa Araujo Lara. También demandas penales contra los golpeadores, más nunca recibieron castigo.

Edición: Emilio Gómez