"Salvar vidas y empleos", objetivo del financiamiento extraordinario solicitado por Yucatán

La Jornada Maya
Foto: Especial

Mérida, Yucatán
Miércoles 13 de mayo, 2020

“Los yucatecos nos hemos enfrentado a grandes retos, como huracanes y crisis económicas, tanto nacionales como mundiales”, recuerda María Fritz Sierra, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán.

“Sin embargo, ninguno de estos retos ha tenido la magnitud que tiene la contingencia ocasionada por el Coronavirus, es una situación inédita que no se había registrado en los últimos 100 años”.

Para hacer frente a esta situación extraordinaria, se requieren esfuerzos y recursos extraordinarios. “Esos recursos son para salvar vidas y resguardar empleos; esa son las prioridades del Gobierno del Estado”, sostiene la funcionaria.

“Estamos viviendo una crisis sin precedente en casi un siglo”, reitera la abogada Fritz. “Se pueden perder miles de empleos, pueden quebrar cientos de empresas en Yucatán. Por eso, nuestra opción ha sido financiar apoyos, crear empleos y ponernos rápidamente de pie para volver a crecer como lo veníamos haciendo antes de la crisis, muy por encima del promedio nacional”.

En un esfuerzo sin precedentes, el Gobierno del Estado ha reasignado aproximadamente mil millones de pesos de su presupuesto anual para fortalecer las áreas de salud, atención social y de reactivación económica, con el objetivo de mitigar los daños inmediatos ocasionados por la contingencia. Sin embargo, “es tal la magnitud del reto al que nos enfrentamos, que aún con estos importantes ajustes siguen estando en grave riesgo la salud y la economía de los yucatecos”, acepta la secretaria general Fritz Sierra.

La titular de la SGG subrayó que la situación económica se complica aún más, ya que el Gobierno Federal, hasta el momento, no ha enviado recursos extraordinarios para enfrentar la emergencia y, además, las arcas estatales han dejado de percibir alrededor de mil 900 millones de pesos desde comenzó la pandemia, principalmente por concepto de impuestos, gravámenes y derechos. Tan sólo en el caso de las entradas a Chichén Itzá se han dejado de percibir alrededor de 55 millones de pesos mensuales.

“Un gran porcentaje de esa cantidad se asumió para salvaguardar la salud de los yucatecos, en este caso, de los contribuyentes”, añadió.

La batalla del Gobierno del Estado contra el Coronavirus tiene dos momentos, explica la abogada Fritz: el primer momento, el actual, tiene como prioridades proteger la salud y salvaguardar los empleos de los yucatecos. El segundo, reactivar la economía, crear 30 mil nuevos empleos y evitar que esta contingencia tenga repercusiones catastróficas.

Para lograrlo se solicitó un financiamiento a corto plazo, de mil 500 millones de pesos, el cual se saldará en la actual administración. Con esta cantidad se ha podido abastecer a los hospitales locales con los insumos que requieren para atender a las personas contagiadas con Coronavirus e, incluso, adaptar instalaciones para ampliar la capacidad hospitalaria del estado, específicamente en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI y en el Hospital de Valladolid.

Asimismo, el Gobierno del Estado ha implementado un plan de apoyos que abarca a todos los sectores de la población, desde familias de escasos recursos y personas que perdieron sus empleos a causa del Coronavirus hasta micro, pequeñas y medianas empresas.

“Por poner un ejemplo, la primera etapa del plan del Gobierno del Estado es un dique, con el que se evita que los daños ocasionados por el Coronavirus sean catastróficos”, compara. “Una vez que la tormenta pase, hay que reencauzar la economía, en una labor igual o incluso más ardua que la que se realiza actualmente”.

La segunda etapa del Plan requiere un financiamiento de mil 700 millones, que serían a largo plazo y que son los que crearían los 30 mil empleos que tanta falta le harán a Yucatán.

Esta segunda etapa, que el Gobierno del Estado consensuó en reuniones durante un mes entero con empresarios, trabajadores y legisladores de diversos partidos políticos, que se enfoquen en la obra pública productiva, ya que es la manera más eficaz de reactivar una economía golpeada por una crisis. Se impulsará, específicamente, al sector de la construcción y de la vivienda, en sus rubros social, media y habitacional, lo que permitirá arrancar la reactivación en este sector y la generación de 30 mil nuevos empleos, “y evitar que nos lleve 3 años en regresar al punto donde estábamos antes del Coronavirus”.

No se puede comparar esta situación con alguna otra del pasado, ni siquiera con los huracanes [i]Gilberto[/i] o [i]Isidoro[/i] o con otras epidemias, como la de la influenza AH1N1.

“El financiamiento extraordinario con el que los yucatecos haremos frente a esta crisis servirá? para salvar vidas y resguardar empleos, no para pagar gasto corriente o construir edificios emblemáticos como el Museo del Mundo Maya”, especifica.

A manera de ejemplo, detalló, por el financiamiento de mil 700 millones de pesos que se está solicitando, el estado devolvería anualmente 130 millones de pesos, cifra menor a los 270 millones de pesos que se pagan cada año por el Museo del Mundo Maya, el cual representa una fuerte carga financiera para las finanzas estatales.

La inversión que se está haciendo en salud y la considerada para impulsar la reactivación de la economía de Yucatán representará un tercio de lo que significa, en términos financieros, mantener el Museo del Mundo Maya, enfatizó.

La actual administración estatal heredó responsabilidades financieras de gobiernos pasados que ascienden a casi 3 mil 800 millones de pesos. Ahí está el caso del Museo del Mundo Maya, que no se contabiliza como deuda, a pesar de ser una de las cargas más pesadas para los yucatecos, o la falta de pago de las administraciones anteriores de cuotas al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey).

“Esta administración estatal, a diferencia de sus antecesoras, esta? al corriente en los pagos de las cuotas al Isstey, no presenta adeudo alguno al instituto y, por ende, a sus trabajadores”, asegura.

La disciplina financiera de la actual administración ha sido reconocida por diversos organismos, entre ellos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que coloca a Yucatán en el tercer lugar nacional en el Diagnóstico sobre la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Este resultado ha sido el más alto obtenido por el estado.

También, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) estatal obtuvo una calificación sin precedentes en materia de transparencia al registrar resultados del 100 por ciento de cumplimiento dentro de la Verificación de Obligaciones de Transparencia 2019 que realizó el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).

“Estos esfuerzos son garantía a los yucatecos de que los recursos públicos serán utilizados para su beneficio”.

Por ejemplo, en apoyo de la economía familiar ante la contingencia por el Coronavirus, el Gobierno del Estado está subsidiando el pago de agua a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) —otra fuente para recabar recursos propios— durante los meses de abril y mayo, así como el servicio de recolección de basura en todo el estado.

A esto hay que sumarle que el Gobierno del Estado cubrirá el 50 por ciento del consumo de energía eléctrica durante un bimestre a quienes mantengan sus consumos hasta 400 kilowatts, este esfuerzo extraordinario permitirá apoyar alrededor de 507 mil hogares, lo cual representa el 63 por ciento de las casas de todo el estado.

Además, se aplican una serie de incentivos fiscales como la reducción de un 50 por ciento del impuesto a la nómina en marzo y abril, y el otro 50 por ciento con pago diferido de julio a diciembre de este año.

También, un descuento del 100 por ciento de impuestos sobre hospedaje de marzo, abril, mayo y junio, y 100 por ciento también de descuento del impuesto cedular durante marzo y abril. La misma exención del 100 por ciento, en los mismos meses de marzo y abril, se aplica al impuesto sobre el ejercicio profesional.

Por la disciplina de la actual administración estatal, así como la transparencia en el manejo de los recursos públicos, es sostenible solicitar financiamiento extraordinario.

Edición: Ana Ordaz