Abraham Bote
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Viernes 10 de abril, 2020
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentaron que retiraron la medidas cautelares y de protección a una defensora y víctimas de violencia en Yucatán, con el argumento de "mantener la salud de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)” .
Hicieron un llamado al estado y a la SSP para abstenerse de modificar las medidas de protección a defensoras de derechos humanos y a víctimas de violencia.
La RNDDHM indicó que el 3 de marzo del 2020, el gobierno del estado de Yucatán, a través de la SSP, decidió modificar las medidas de protección asignadas a una compañera defensora, y a por lo menos cuatro víctimas de violencia y sus familias. La defensora y las víctimas tenían medidas cautelares, precisaron, las cuales fueron retiradas por la Secretaría usando como argumento que deben “mantener la salud de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública” en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19. En un documento, entregado por la entidad antes mencionada a la defensora, sin ninguna firma de la institución, o del gobierno, se le indica que debe llamar a números de emergencia ante una eventualidad.
Recordaron al estado mexicano y a los estados de Mesoamérica que no es posible dejar de proteger a quienes nos defienden bajo la excusa de atender la crisis del COVID-19. Las “medidas sanitarias” no deben pasar por encima de los derechos humanos de las defensoras y de las poblaciones más vulnerables de nuestra región.
Por su parte, la CNDH en un comunicado condenó la decisión tomada por el gobierno de Yucatán, respecto de la seguridad de la defensora de los derechos humanos, Clemencia Adelaida Salas Salazar, de retirarle el servicio de escolta, pese a que contaba con las medidas de protección en esa entidad federativa.
El organismo detalló que la activista ha sido incansable defensora en pro de la mujer en Yucatán, además de ser representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y representante legal de “Ni una Más A.C.”; promotora de que se decrete en Yucatán la Alerta de Género e integrante de la “Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México”.
Recordó que el 30 de marzo del 2017 esta Comisión Nacional solicitó al gobierno del estado de Yucatán la implementación de medidas cautelares con el objeto de garantizar la vida e integridad física de la defensora, no obstante, lo anterior, a la fecha subsiste el riesgo inminente de ese entonces, por lo que causa desconcierto e incertidumbre a este Organismo Nacional la medida.
Por tal motivo, este Organismo solicitó, el 6 de abril de 2020, la incorporación de la defensora de derechos humanos al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades del estado de Yucatán, con la finalidad de que restablezcan las medidas de protección a la afectada con la suspensión de escoltas.
De igual manera, la CNDH exigió al gobierno del estado de Yucatán, se continúe con el servicio de escolta para la defensora de derechos humanos, en tanto su caso sea analizado por la Junta de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, así, subraya la importancia de que el estado garantice condiciones que permitan que los defensores ejerzan su profesión sin restricción alguna.
Edición: Elsa Torres
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