Abraham Bote
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 12 de febrero, 2020

Las declaraciones de fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de reformar el artículo 325 del Código Penal Federal, para que el tipo penal de feminicidio se considere por una sola razón de género, y no por siete, evidencian el desconocimiento que tiene respecto al tema, pero sobre todo su falta de sensibilidad, señaló Adelaida Salas Salazar, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Yucatán.

Indicó también que la reforma sería un retroceso a la lucha que han hecho organizaciones civiles para visibilizar, sancionar y erradicar el feminicidio por más de 20 años.

Apuntó que el reciente caso de Ingrid Escamilla evidenció, una vez más, la impunidad y la falta de ética con la que se conduce el sistema de procuración de justicia del país, al filtrar imágenes e información sensible de la investigación a medios de comunicación que, de manera irresponsable, los utilizan para revictimizar.

El Observatorio señaló que la Fiscalía General de la República "no cuenta con elementos para sostener esa valoración, principalmente, porque el feminicidio es generalmente un delito del fuero común que no es investigado y judicializado por dicha instancia".

El pasado 11 de febrero, Gertz Manero declaró en una reunión con diputadas que "podemos sacar un tipo penal eficiente. Este es un delito de género, por lo tanto, todas las premisas que se pongan nos ayudan a tener una visión más amplia que la de siete. A lo mejor con una, genérica, sólida, una visión de género que pueda tipificar el delito con mayor facilidad".

La red que reúne a más de 40 agrupaciones en todo el país indicó que la propuesta del fiscal no responde a un estudio diagnóstico previo que haya identificado los obstáculos en la acreditación del delito por parte de todas las procuradurías y fiscalías de justicia del país, que justifique dicha propuesta.

Los últimos informes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Yucatán sobre la implementación del tipo penal de feminicidio en el país (2014 y 2018) apuntaron que existen discrepancias normativas en la tipificación del feminicidio en los estados, así como resistencias para investigar como posibles feminicidios las muertes violentas de mujeres.

“El señor no sabe de lo que está hablando, no sabe que los tiempos han cambiado y la muerte de Ingrid da una idea de lo que pasa con las mujeres en el país, donde son asesinadas 10 mujeres al día”, manifestó Salas Salazar.

“No son sensibles a los asesinatos de mujeres, no se han metido a ver por qué se logró tipificar el feminicidio, y por qué debe ser una pena mucho mayor a un homicidio”, agregó la activista, quien indicó que lo que se tiene que hacer es agilizar las acciones para que se tipifique el feminicidio.

“Piensa que quitando la figura del feminicidio le vamos a bajar al tema y van a ser sólo homicidios y ya no vamos a ocupar el primer lugar en el mundo por arriba de Irán”, advirtió.

[b]Irresponsabilidad de medios[/b]

Adelaida Salas opinó que este tipo de problemas es frecuente en los medios de Yucatán, que dan datos, domicilios, nombres, fotos, o que culpa a las mujeres de su propia muerte y las revictimiza, por lo cual indicó que se debería castigar a los medios que divulguen este tipo información que lucra con la dignidad de las mujeres y las vuelven a revictimizar.

“Es indignante el trato que se le da las mujeres en vida y después de muertas”, manifestó.

Mediante un comunicado, el Consejo Social y Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) condenó que se hayan filtrado las fotos de Ingrid y que los medios las hayan usado sin ética y con poca sensibilidad, señalando que “desaprobamos enfáticamente la nula sensibilidad y falta de ética profesional de algunos medios de comunicación tanto escritos como digitales, al exponer de forma explícita las imágenes del feminicidio”.

Las consejeras del Inmujeres “exigimos de manera contundente que se atienda la problemática desde sus orígenes y se diseñen mejores políticas públicas con las que hacer frente al problema, a fin de hacer efectiva la procuración de justicia”, señala el documento.

Recordaron que el 2019 cerró con más de 32 mil homicidios, de los cuales sólo uno de cada 10 es castigado, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual evidencia la insuficiente atención de las autoridades en el feminicidio y en sus efectos perversos, que derivan en la normalización y en una estructura machista que sostiene y alienta este tipo de delitos.

“La brutalidad y crueldad del feminicidio de Ingrid y de todas las demás, deja en claro que existe una sociedad que naturaliza la violencia contra las mujeres en México”, subrayan.

Apuntaron que el aumento del feminicidio en 137 por ciento no se debe a la tipificación, sino a la falta de capacidad en el personal que labora en las fiscalías y ministerios públicos para resolverlos; asimismo, señalaron que un sistema de justicia diseñado desde la óptica machista no permite erradicar las diferentes formas de la violencia contra las mujeres.

“Exigimos una vez más: #NiUnaMas #NiUnaMenos”, concluyeron.


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