Para Saskia Niño de Rivera, presidente de Reinserta, en el país existe un sentimiento de venganza hacia las personas internas en los Centros de Reinserción Social, lo que se ve reflejado en que no han sido atendidos de manera equitativo durante esta pandemia, ni en el proceso de vacunación, “no son prioridad para los gobiernos”, señaló.
“Es un sentimiento de venganza, en México erróneamente se ha creído que la venganza es sinónimo de la justicia”, comentó.
En el caso específico de la vacunación, comentó que el proceso ha sido lento y tardío, lo que pone en más riesgo a esta población vulnerable. “Mucha gente cree que ya no tiene derechos por estar en la cárcel, que merecen enfermar o morir, pero no: han perdido sus derechos políticos, no obstante, conservan sus derechos como seres humanos, su derecho a la salud, como cualquier otro ciudadano”, subrayó la especialista en derechos humanos.
Autoridades estatales informaron que a la par de las estancias y asilos de ancianos, comenzará este 19 de abril la jornada de vacunación en los cuatro Centros de Reinserción Social (Cereso) de Yucatán, en donde se inmunizará a 47 adultos mayores; en el censo que tienen desde el DIF revelan que hay aproximadamente 47 asilos o casas de estancia, en total son aproximadamente son 800 adultos mayores en estos espacios.
De acuerdo con Niño de Rivera, la pandemia del Covid-19 evidenció más la trata desigual que se le da a las personas internas en los Ceresos, no sólo porque no son atendidos, sino porque no se les ha aplicado la vacuna. En general, el sistema penitenciario del país ha sido la última prioridad de los gobiernos en temas de salud. “Se las han tenido que rascar con sus propias uñas”, indicó.
No sólo se trata un tema de desigualdad, precisó la fundadora de Reinserta, sino también de perspectiva de justicia; el sistema penitenciario ha sido relegado dentro la estrategia integral en materia de seguridad y salud “por el sentimiento de venganza que tienen la ciudadanía”.
Es difícil que un político o gobernador anuncie que va atender y vacunar a las personas en las cárceles porque mucha gente se molestaría, lo verían como algo injusto, “por qué a ellos, si están en la cárcel por cometer un crimen y no a nosotros que no hemos hecho nada”.
Este sentimiento de venganza, subrayó, se debe a la ausencia de un estado de derecho. “Si yo no encuentro seguridad porque voy a tener compasión con las personas que están en prisión”, es el pensar de muchas personas.
Si bien, comentó, ya empezaron a vacunar a este sector en algunos estados como Yucatán, pero son pocos y esto ha comenzado demasiado tarde, debieron recibir un trato justo y equitativo, manifestó. “Para nada han sido prioridad, ni por la vacuna ni la atención, ni prevención”, sentenció.
Personas liberadas
Por otro lado, aunque el gobierno federal prometió libertad anticipada para personas en riesgo por la emergencia sanitaria, esto se cumplió parcialmente, sólo se presentó en algunos estados.
De abril de 2020 a enero de 2021, el gobierno federal otorgó la liberación anticipada a 3 mil 322 personas que se encontraban en 273 centros penitenciarios del país, según datos de Secretaría de Gobernación (Segob).
La agrupación Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), documentó que, hasta el corte del 6 de abril, se han otorgado 3 mil 971 liberaciones en todo el país, de esta cifra 27 son de Yucatán.
Vacunas
En este mismo periodo, AsiLegal reveló que se han aplicado mil 214 vacunas en centros penitenciarios del país, en los estados de Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Saskia pidió a la ciudadanía y al gobierno entender el sistema penitenciario de una manera integral y dejar de usar la venganza como un mecanismo de protección porque no lleva a ningún lado. “Entender y ejercer los derechos humanos y la igualdad de manera íntegra, sin dejar a nadie atrás, y eso incluye a las personas privadas de la libertad”, concluyó
Reinserta es una organización nacional que trabaja directamente con el sistema penitenciario para fortalecer a los privados de la libertad en materia de derechos humanos y en su proceso de reinserción.
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