Expertos en salud pública piden a la SCJN suspender granja porcícola en Yucatán

Apoyan reclamos constitucionales planteados por niñas y niños mayas
Foto: Enrique Osorno

Científicos, médicos y expertos en salud pública presentaron este 5 de mayo, un escrito legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México apoyando los reclamos constitucionales planteados por niñas y niños mayas, que se oponen a la aprobación y operación de una granja industrial de animales en la península de Yucatán. 

Cuestionan la decisión de las autoridades mexicanas de permitir la operación industrial de 49 mil cerdos en un área ecológicamente sensible cerca del pueblo maya de Homún. “Permitir la instalación masiva, a pesar de los riesgos para la calidad del aire, el agua y la salud humana, viola el derecho de las niñas y los niños mayas a un medio ambiente sano, así como la autonomía como pueblo indígena”, advirtieron.  

El caso, que ha resultado en la suspensión de la operación de las instalaciones, está programado para ser escuchado por la Suprema Corte de México a finales de este año. “La contaminación derivada de las granjas porcinas industriales ya ha degradado de manera desproporcionada enormes extensiones de tierra y agua de comunidades indígenas en la Península de Yucatán”, subrayó Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica. "Agregar otra mega granja abrumará este frágil ecosistema con excrementos y gases nocivos de animales”, remató.  

El escrito enviado, el cual lleva por nombre “Amigo de la Corte” o Amicus Curiae, firmado por Earthjustice, Centro para la Diversidad Biológica, Coastal Carolina Riverwatch, Greenpeace México, Waterkeeper Alliance y los expertos Larry Baldwin, Dr. Lawrence Cahoon, Dr. Meghan Davis, entre otros, expone evidencia científica sustancial sobre los daños graves e irreversibles a la salud humana y el medio ambiente asociados con las operaciones industriales de granjas porcinas. Estos daños incluyen la contaminación del agua, incluidos los cenotes, la emisión de contaminación atmosférica nociva, la propagación de patógenos peligrosos y la contribución al cambio climático. 

“Numerosos estudios científicos proporcionan evidencia de que las operaciones industriales de cerdos liberan contaminantes a las comunidades vecinas, donde afectan la salud y la calidad de vida de los vecinos. Tales operaciones se han asociado con aumentos en los síntomas respiratorios y de asma, presión arterial, estrés y ansiedad entre los residentes que viven cerca”, dijo la doctora Jill Johnston, profesora asistente de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, quien se sumó a esta carta.  

Las y los firmantes señalaron que las operaciones de granjas industriales de animales son contaminantes notorios, y la operación de esta granja en particular podría generar más de 272 millones de kilogramos de orina y heces cada año, más de lo que genera toda la población humana de Tijuana, no obstante, este desperdicio se almacenará en pozos descubiertos y luego se eliminará en campos cercanos, una práctica empleada por muchas granjas industriales de animales en los Estados Unidos. 

“La península de Yucatán se ve frecuentemente afectada por huracanes, lo que probablemente hará que los pozos de desechos de esta instalación se desborden”, subrayó la doctora Ana María Rule, profesora asistente de salud e ingeniería ambiental y directora del Laboratorio de Evaluación de Exposición de la Universidad Johns Hopkins. “Ya ha sucedido en los Estados Unidos varias veces en los últimos años, y no hay razón para creer que no sucederá en el ecosistema más frágil y único de la península de Yucatán", indicó.  

“La ganadería industrial pone en riesgo nuestra salud y la salud del medio ambiente. Este tipo de producción intensiva está cerca de los centros de población y las ciudades, lo que genera una mayor exposición a las enfermedades. Por eso debemos buscar una transición del modelo agroindustrial, hacia una producción agroecológica, sustentable y saludable que respete los ciclos de la naturaleza y garantice el respeto a los derechos de las personas”, dijo Viridiana Lázaro, de Agricultura y Alimentación de Greenpeace México. 

Por su parte, Guillermo Zúñiga Martínez, abogado de Earthjustice, manifestó que el derecho mexicano e internacional requiere que las autoridades apliquen el principio precautorio, y el mensaje del principio precautorio es claro: “debemos detener los riesgos inaceptables antes de que ocurran daños”, dijo. “Las operaciones industriales porcinas envenenan a los trabajadores y las comunidades, y amenazan el entorno único de la Península de Yucatán. Las autoridades no deben esperar a que los niños se enfermen antes de reconocer lo que todos saben que es verdad: que es necesaria tecnología avanzada de tratamiento de desechos para proteger a las personas y el medio ambiente, y esta instalación debe adoptar una tecnología funcional avanzada antes de que se reanuden las operaciones", enfatizó el especialista.  

Aquí pueden leer la carta completa: https://earthjustice.org/sites/default/files/files/amicus_scjn_homun_5may_sefa_647_2019.pdf


Edición: Laura Espejo


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