En el proceso electoral en Yucatán por lo menos tres candidatos a cargos populares pasaron la “transición” del PRI al de Morena sin filtro alguno, cuando en sus etapas de militancia tricolor dejaron cuentas pendientes y hasta fueron investigados por autoridades nacionales y extranjeras por presunto desvío de recursos y hasta situaciones de índole penal.
En primer plano está Clemente Julián Cano Chan, candidato de Morena a la alcaldía de Chumayel, municipio maya-hablante del sur de Yucatán, quien enfrenta procesos penales en Estados Unidos en su etapa de “bracero” ilegal.
El 16 de agosto de 2012 fue arrestado por cruzar la frontera sin documentos oficiales. De acuerdo con un acta firmada por el magistrado James Metcalf, Cano fue detenido en Lukeville, Arizona. Posteriormente se le deportó a México. Esto se repitió en otras ocasiones. La fiscal de Distrito de Oregon, Amanda Marshall, ordenó en dos ocasiones su deportación.
El 6 de febrero de 2015 el ex priísta y ahora candidato de Morena fue detenido por entrar sin papeles a Estados Unidos, además de transportar y traficar con cocaína y heroína. Según el reporte de las autoridades estadunidenses, Julián Cano se declaró culpable ante el juez de Distrito Robert E. Jones e ingresó al penal de Snake River, en Oregon, como consta en un documento del Departamento de Correccionales de ese mismo estado.
Otro caso es el de Mario Peraza Ramírez, ex priísta y ex Partido Verde Ecologista, el ahora candidato de Morena a diputado federal por el segundo distrito, que fue investigado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Peraza Ramírez ocupó la dirección del Catastro estatal durante el gobierno de Rolando Zapata Bello (2012-2018) y fue señalado como presunto “operador” de una mafia inmobiliaria costera que se apropió de vastos terrenos en la llamada “costa esmeralda de Yucatán”, al oriente de la entidad.
El gobierno federal revisó las operaciones de Peraza Ramírez mediante la inmobiliaria Uredi, cuyo apoderado legal es Julio Ricardo Presuel Moreno, supervisor de administración y obras de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), junto con su esposa Guadalupe González, ex directora administrativa de la Consejería Jurídica durante el periodo de Zapata Bello.
La Sedatu confirmó que los terrenos manejados por Peraza Ramírez son nacionales y fueron inscritos ante el Registro Público de la Propiedad y asentados en el Catastro mediante maniobras ilegales.
La dependencia federal solicitó abrir un procedimiento que podría resolverse por la vía civil anulando todas las escrituras de dichos predios, pero también se procedería por la vía penal en caso de que hubiera falsificación de firmas de la Sedatu para registrar los terrenos de la nación a favor de particulares.
En otro caso, Carmen Navarrete Navarro es recordada por sus escándalos y excesos como alcaldesa del municipio de Tekax. Tuvo problemas con sus cuentas públicas por presunto desvío de 300 millones de pesos, pero al final fueron aprobadas por un Congreso estatal con mayoría priísta.
En 2019 participó como candidata a secretaria general del PRI, y después de una breve estancia en el Verde Ecologista, este 2021 buscó ser alcaldesa bajo las siglas del tricolor, pero quedó muy abajo en las encuestas.
La llamada Ivonne del sur –en referencia a la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, también conocida por sus excesos y derroches- abandonó el PRI y se sumó a Morena para contender por el cuarto distrito federal. Curiosamente, Ortega Pacheco también abandonó las filas del PRI en 2019 y se sumó a Movimiento Ciudadano, donde es candidata a diputada federal por la vía plurinominal.
Edición: Mirna Abreu
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