El sistema de justicia debe actualizarse, modernizarse: usar las herramientas tecnológicas para garantizar la seguridad de las mujeres, principalmente, y evitar situaciones incómodas, señaló Diego Emilio Leyva Peralta, asesor legal del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán.
Por ejemplo, las mujeres deben poder hacer una denuncia desde su hogar, trabajo o cualquier espacios, usar su computadora, celular y externar que su vida corre peligro, y en ese preciso momento deben ir al domicilio una sicóloga, un médico y la policía; además de ofrecerle refugio, reubicación entre otros servicios.
También, agregó, las audiencias para el otorgamiento de órdenes de protección deben realizarse por videoconferencias. “Que se use la tecnología, dar un paso y ser más sensibles”, subrayó.
El especialista hizo hincapié en no se debe obligar a las mujeres que han sido golpeadas o temen por su vida a trasladarse grandes distancias para ir hasta la Fiscalía, que no es de fácil acceso, el sistema de transporte no es eficiente y, además, que se enfrentan con funcionarios poco sensibles. “No hay que hacerlas pasar por esta situación”, resaltó.
El pasado 23 de julio, Teresa fue asesinada en su casa, según testimonios que ha recabado el Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia, ella habría pedido ayuda ante amenazas de muerte.
Un caso similar hizo eco a nivel local y nacional: Emma Gabriela Molina Canto, fue asesinada en 2017 en medio de una disputa por los hijos que tuvo con Alberto Martín Medina Sonda. Dos hombres la mataron con un cuchillo en la entrada de su domicilio, en donde además estaban sus hijos; ella también había pedido ayuda a las autoridades porque su vida peligraba; sin embargo jamás fueron atendidas sus peticiones.
Leyva Peralta explicó que una orden de protección es emitida por un juez penal para que a la víctima de un delito se le proporcionen escoltas, sin embargo, en el estado solo se otorgan 72 horas; un periodo de tiempo insuficiente para garantizar la seguridad de las mujeres, opinó.
De todos modos, precisó, en la mayoría de los casos no les proporcionan la seguridad correspondiente, en otros solo algunas horas, o simplemente las ignoran. Al final se tiene las consecuencias: la mujer es asesinada, cuando esto se pudo evitar, manifestó.
La Fiscalía, detalló, es quien recibe la denuncia, el Poder Judicial emite las órdenes de protección y el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), es quien debe cumplir con esta medida cautelar.
Gracias al sonado caso de Greta, una mujer que sufría agresión por parte de su pareja, quien ganó un amparo de un juez federal, se consideró que es inconstitucional el plazo de 72 horas. Entonces, el congreso del estado pasó una iniciativa para que se extienda hasta 90 días, sin embargo todavía no se apruebe totalmente. Es una pequeña victoria, pero actualmente siguen dando 72 horas, explicó.
“Hay muchas mujeres que van a los juzgados para exigir estas medidas de protección, a algunas si consiguen que se emitan a su favor las horas de protección, pero se las dan incompletas, o simplemente no se las dan”, comentó.
Las mujeres víctimas de violencia tienen que ir cada tres días a exigir sus órdenes de protección; pero muchas no pueden salir por el medio, no cuentan con los recursos necesarios, o no tienen conocimiento sobre estos temas. “En todos los casos de violencia contra la mujer, debe haber un dictado de medidas cautelares, de nuestro conocimiento se dictan muy pocas, unas 15 al año”, indicó.
El año pasado, recordó, alegando a posibles contagios de Covid-19, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, México, retiró el acompañamiento policial a activistas, defensoras de derechos humanos y personas víctimas de violencia; lo que evidencia, todavía más, la poca importancia que las autoridades le dan al tema de la violencia, sentenció.
“Las autoridades no toman en serio las medidas de protección para las mujeres que temen por su vida, sufren amenazas de muerte y violencia; ya no podemos permitir ni un caso más, como el de Teresa, no más feminicidios, hay todo el presupuesto y el personal”, externó.
Edición: Laura Espejo
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