Presentan en el Congreso de Yucatán reformas de leyes por tortura

El diputado Gaspar Armando Quintal Parra presentó la propuesta firmada también por sus compañeras diputadas Karla Reyna Franco Blanco y Fabiola Loeza Novelo, de la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) su propuesta es reformar y adicionar artículos a la Ley de Víctimas, Código Penal, Ley de la Comisión de Derechos Humanos, Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ley de La Fiscalía General y La Ley de Salud, en materia de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

El diputado, portavoz de la iniciativa, dijo que, aunque la tortura es una práctica prohibida de forma absoluta en el estado, el quinto informe (2020) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muestra la problemática que se vive en el país con respecto al tema.

En dicho informe, aparecen cinco personas en situaciones en las que se involucraron elementos policiacos estatales y municipales y enlistó cada una:

“El primer caso, fue el de un pescador progreseño, a quien se le aprehendió en el mes de febrero acusado de narcomenudeo y quien murió camino a la sede de la Policía Estatal; el caso sucedido en el municipio de Chacsinkín, en donde una persona fue encontrada colgada de un árbol, y a quien al realizarle una segunda autopsia, el resultado fue que tenía múltiples golpes en el cuerpo por lo que murió a consecuencia de los mismos, además de que familiares señalaron que al occiso lo habían golpeado y torturado en varias ocasiones por policías municipales. El ocurrido en la carretera Mérida-Tixkokob, en donde una persona con discapacidad mental falleció al ser atropellado por una patrulla perteneciente a la Policía Estatal. Como un cuarto caso, se tiene el de una persona que apareció muerta en la vía Hunucmá-Sisal a las veinticuatro horas de haber sido detenido por agentes del sector poniente de la Secretaría de Seguridad Pública en la colonia Mulsay de la ciudad de Mérida; por último, la muerte de una persona en el proceso de detención efectuada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en el puerto de Progreso”.

En Yucatán, con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el marco normativo con respecto a la tortura ha avanzado 11.43 por ciento para adecuarse al respeto, garantía y promoción del derecho de las personas a la protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Por ello, considera que es necesario garantizar la reparación integral de los actos ocurridos el 6 de agosto de este año contra el joven José Eduardo Ravelo Echavarría, quien murió por actos susceptibles de constituir tortura, abuso sexual y lesiones.

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Apuntó imprescindible la no repetición, con medidas legislativas que provean para hacer valer los derechos y libertades de todas las personas en Yucatán.

“La fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) considera importante pugnar por un estudio y actualización constante de la normativa local, para evitar en gran medida la existencia de preceptos normativos que atenten en contra de los derechos humanos”.

Propuso que esas conductas de tortura o tratos crueles sean causales de responsabilidad administrativa para quien las permita u ordene; pero también que sea puesto en marcha un plan estatal para la capacitación del personal de seguridad pública, políticas de prevención y programas de atención a víctimas de tortura.

Una de las modificaciones, dijo, sería en la Ley de Víctimas del estado, brindando la posibilidad a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para otorgarles medidas de ayuda, asistencia y atención, así como una garantía de la reparación integral a las víctimas del delito.

Propuso también que el delito de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes sea añadido en el Código Penal Local, donde se establezcan los elementos con agravantes para quien llegue a infringir el delito, en especial si llega a cometerse por servidores públicos.

También la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Yucatán sería reformada “para considerar como falta administrativa grave responsabilidades de servidores públicos y de particulares vinculados con actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes”.

En ese sentido añadirían la abstención de una denuncia y negar acceso a autoridades como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) para realizar inspecciones en donde están las personas privadas de la libertad, pues catalogó el hecho como una obstrucción a la justicia.

La creación de una Vicefiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos crueles inhumanos y degradantes tomaría su lugar también con esta iniciativa, además de muchas otras acciones para el castigo y prevención de este delito.

Edición: Laura Espejo