Durante el 2021, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa), ha asegurado a 35 especies de animales en el Aeropuerto de Mérida, informó Jesús Lizárraga, encargado del despacho de la dependencia en Yucatán.
El funcionario resaltó que muchas veces usan a menores para que recojan a estos animales que llegan a la terminal aérea. Sólo en este año han detectado a dos jóvenes de 17 años.
Los ejemplares vienen normalmente de la Ciudad de México y Guadalajara y usan al estado como un “trampolín”, para transportar y vender las especies a otros estados del país, como Quintana Roo, explicó Lizárraga.
Apenas el 4 de diciembre, la Profepa, en coordinación con la Guardia Nacional, rescató ocho ejemplares de aves conocidas como faisán, en el Aeropuerto Internacional de Mérida, procedentes de Guadalajara, Jalisco.
Al realizar inspecciones de seguridad en una empresa de mensajería y paquetería de la terminal aérea, se localizaron ocho cajas de cartón, con las aves exóticas, sin la documentación que acreditara la legal procedencia ni el traslado de los especímenes.
También recientemente han asegurado a dos loros y una tortuga. En todo el año han rescatado a unos 35 ejemplares de diversas especies.
El año pasado, recodó que rescataron a un cachorro de tigre de bengala, un jaguar, y a seis flamencos rosados en condiciones de hacinamiento, con las alas recortadas e inflamadas y en aparente estado de deshidratación, fueron localizados dentro de tres cajas de madera que iban a ser enviadas del Aeropuerto Internacional de Mérida al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Lizárraga Veliz aclaró que el comercio de ejemplares de vida silvestre está regulado, no es que esté prohibido, se puede hacer con las debidas autorizaciones de la Secretaria de Medio Ambiente (Semarnat), por ejemplo que la persona que venda esté dado de alta, que los animales estén en condiciones y que vienen de cierto lugar establecido, como las Unidades de Manejo Ambiental (UMA) y que recibe un trato digno.
Sin embargo, reconoció que sí existe un comercio ilegal, irregular, “la gente que vende no está dada de alta y no sabemos los orígenes de los ejemplares”, indicó.
Entonces, detalló que los animales que incautan en la terminal aérea de la ciudad es porque no cuentan con los permisos correspondiente.
“La Guardia Nacional detecta el ejemplare, nos hablan y si tiene la documentación revisamos si es válido, si todo está regulado, viene de una UMA, luego pasamos a supervisar las condiciones en las que vine”, apuntó.
No es lo mismo mover una serpiente que una tortuga, los empaques son distintos, no pueden durar viajes más de 24 horas porque peligra su vida, agregó.
Algunas especies, indicó, se detecta en paqueterías que tratan de camuflajearlos, poniéndolos en una caja con la leyenda “herramientas” cuando son ejemplares de vida silvestre.
“Cuando manifiestan algo que no es, nos damos cuenta que son ejemplares totalmente ilegales y son para venta”, recalcó.
Por otro lado, el funcionario precisó que en la mayoría de los casos los animes no se trasladan de Yucatán, más bien llegan, es decir están utilizando al estado como un “trampolín" para que se vayan a otros estados, como Quintana Roo.
“La documentación no es la adecuada ni la ruta adecuada para el movimiento de esos ejemplares, es un tráfico ilegal, además aunado a la falta del trato digno del ejemplar”, subrayó.
A su vez, señaló que los animales asegurados son llevados a una Uma, al zoológico del Centenario o Animaya o con particulares autorizados por Semarnat que manejan las especies detectadas.
En esos lugares, un veterinario analiza su estado de salud, si tiene parásitos, se hace valoración del ejemplar. Algunos vienen deshidratados, los vigilan, y los sanan.
“Si es ejemplar de distribución natural y se distribuye en Yucatán los pueden liberar sino no los podemos liberar porque estaríamos haciendo una introducción”, indicó.
También el titular de la Propefa en Yucatán explicó que en la mayoría de los casos nunca se encuentra al dueño de los paquetes donde están guardados las especies.
En algunos casos, indicó, mandan a terceras personas, a menores de edad. “Llega el ejemplar y lo va a buscar un niño de 17 años. De este año tenemos dos casos”, informó.
Si aparece el dueño, pueden ser acreedores de 50 mil pesos a 300 mil pesos, además de la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
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