El gobernador de Yucatán instruyó la conformación de un Comité de Expertos, integrado por los mejores especialistas para atender la situación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY). La directora de esta instancia, María Isabel Rodríguez Heredia y la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Olga Rosas Moya, informaron que este grupo contará con la participación de ocho expertos, quienes estarán proponiendo las mejores opciones para hacer lo que sea necesario y darle un solución a este tema.
Ambas funcionarias estatales indicaron que dicho Comité de Expertos deberán entregar un reporte pormenorizado con sus propuestas para rescatar al Instituto, el cual estará siendo evaluado por el gobierno estatal en conjunto con los trabajadores para determinar la mejor ruta a seguir.
Detallaron que este grupo especializado está integrado por las siguientes personas: el economista en jefe de la American Chamber y director de la Facultad de Economía de la Anáhuac Mayab, doctor Luis Foncerrada Pascal; el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Yucatán, maestro Santiago Pérez Arjona; la extesorera del Gobierno estatal y directiva de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), M.A. Elsy Mezo Palma; y la comisionada y presidenta del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP) Yucatán, maestra María Gilda Segovia.
De igual manera, la contadora Leticia Cano Álvarez, quien preside el área de Contabilidad Gubernamental del Colegio de Contadores; el abogado Felipe Ortegón Bolio, del Despacho Ortegón Bolio SCP; el actuario Francisco Miguel Aguirre Villarreal, del Despacho Valuaciones Actuariales del Norte; y el contador público José Antonio Silveira Bolio, expresidente del IMEF.
La titular de la Secretaría de Administración y Finanzas informó que de mantenerse la actual situación del Instituto no habrá dinero para pagar las pensiones a los yucatecos ante la quiebra del mismo, además que, ante este hecho, las finanzas estales podrían quebrar y perjudicar otras áreas del gobierno, como las destinadas a seguridad, salud y educación, entre otras.
De acuerdo con la SAF, en el país solo hay 2 estados, Yucatán y Nayarit, que no han reformado su sistema de pensiones, el de Yucatán ya tiene 46 años y el de Nayarit ya quebró. Adicional a eso, administraciones pasadas “usaron al instituto como caja chica y ‘patearon la lata’ para no reformar el sistema que está próximo a desaparecer y pone en riesgo a las finanzas públicas estatales”, señaló Rosas Moya.
Señalan que bajo las condiciones actuales y con base en los estudios que se han hecho hasta el momento, se proyecta una suficiencia del ISSTEY hasta el 2026, asumiendo que se apliquen al déficit todos los recursos financieros y se moneticen todos sus activos, esto dependiendo también de que exista una parte que quiera comprarlos. “Esta necesidad implica que para el 2027 el estado tendrá que asignar recursos presupuestales por mil 100 millones de pesos. Todos los recursos que se destinan al ISSTEY de las finanzas públicas son recursos que pudieron ser encauzados a otras áreas, como salud, seguridad o educación”.
Ante esta proyección, la SAF indica que no habrá dinero para pagar las pensiones de los trabajadores en 2027, pues tan solo ese año el gobierno del estado tendrá que aportar, como ya se mencionó anteriormente, mil 100 millones de pesos para garantizar el funcionamiento del ISSTEY, lo que ocasionará la quiebra de las finanzas públicas del estado.
Tan solo en 2022, el ISSTEY requiere de una inyección de más de 350 millones de pesos de parte del gobierno del estado para poder subsistir. Para 2023, esa cantidad ascenderá a más de 648 millones de pesos; en 2024, será de más de 723 millones de pesos; en 2025, rebasará los 829 millones de pesos; y en 2026 superará los mil millones de pesos, explicó la SAF.
Con base en reporte de la SAF, el ISSTEY ha tenido déficit desde hace varios años, es decir, que el costo de las pensiones y servicios que presta es mayor a los ingresos por cuotas y otros ingresos. Dicho déficit se ha ido cubriendo con las reservas y activos del ISSTEY, que se agotarán en 2026.
También recordaron que el gobierno del estado “evitó una carga monetaria al erario yucateco al frenar el pago de pensiones de 10 exfuncionarios estatales por encontrar inconsistencias en el procedimiento en las que se otorgaron, en decisiones tomadas en los últimos días de la administración estatal pasada. Dichas pensiones fueron canceladas, por medio de la figura jurídica de juicio de lesividad, que van de los 46 mil pesos mensuales a los 19 mil pesos”.
Esta acción evitó un gasto de más de 4.3 millones de pesos anuales de recursos públicos. Específicamente 366 mil 219 pesos al mes, es decir 4 millones 394 mil pesos al año para solo 10 personas.
Edición: Laura Espejo
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