Con la iniciativa que actualmente está en análisis, las notarías dejarían de auditarse a sí mismas y comenzaría a hacerlo el Estado por medio de la Consejería Jurídica, otorgándole también la facultad para actuar en caso de detectar inconvenientes. El legislador Jesús Efrén Pérez Ballote, de la Fracción Legislativa del Partido Acción Nacional (PAN) señaló el acto como un apoderamiento del gobierno del estado sobre el Poder Judicial, sin embargo, él asegura que esto sienta las bases para que los juzgados de primera instancia incrementen.
“El tema de los juzgados le corresponde al Consejo de la Judicatura, nosotros lo que hicimos fue meter en la Ley un criterio poblacional que va a ayudar mucho porque eso te va a garantizar que, de manera natural, aumente el número de juzgados de primera instancia”, recalcó Pérez Ballote.
Ahora, por cada 30 mil habitantes, deberá haber un juzgador, resaltó; con esto, deberán aumentar de 55 juzgados de primera instancia a más de 80, “ahí están las bases para que el Consejo de la Judicatura pueda tomar las decisiones y se vayan ampliando a los juzgados de primera instancia”.
Desde su perspectiva, esto “te da la oportunidad de que haya más justicia”, pues hasta la fecha “la gente tiene que esperar demasiado para poder tener acceso a la justicia”.
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Desarrollo urbano
“El desarrollo de la ciudad no necesariamente tiene que estar peleado con que seamos amigables con el medioambiente”, señaló.
Por eso, considera que actualmente es necesario tomar las medidas para contener el crecimiento para mantener la calidad de vida del estado y la ciudad, “es un área muy privilegiada, solo el 10 por ciento de las ciudades del mundo tienen el aire con la calidad adecuada para que lo respiremos y Mérida está incluida en eso”.
Además, también hay agua suficiente, pero “son cosas que tenemos que cuidar para poder mantener esto”.
Hoy en día, estimó que en los nuevos fraccionamientos el mínimo solicitado de áreas verdes es de 10 por ciento; sin embargo, en este momento no cuentan con trabajos e iniciativas para incrementar dicho porcentaje, pues “son temas de fondo, no solo el tema de la Ley de Arbolado, sino la Ley de Desarrollos Inmobiliarios, la Ley de Asentamientos Humanos…”.
Resaltó que cuando abordan un tema, en automático comienzan a descubrir más elementos sobre los cuáles trabajar, por ello, en este momento sus trabajos serán sobre el tema de Notariado.
En este sentido, explicó que “la fe pública es responsabilidad del Estado y la deposita en los notarios, pero hoy todo el control y toda la supervisión de que esa fe pública se haga bien, la tiene el Consejo de Notarios, entonces la reforma plantea que ya no sea el Consejo de Notarios, sino la Consejería Jurídica del Estado la que realice todos estos actos de revisión y fiscalización del ejercicio que realizan los notarios”.
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Edición: Laura Espejo
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