CCAY hace llamado a legisladores para aprobar la Ley de Aguas

En Yucatán no existe un problema de sequía, sino de saqueo del agua, principalmente por las empresas y megaproyectos, indicó el Consejo Ciudadano por el Agua Yucatán (CCAY).  

Este 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, activistas, investigadores y representantes de comunidades mayas hicieron un llamado urgente a los legisladores para aprobar la Ley General de Aguas para evitar más problemas con la calidad y suministro del líquido en el estado y todo el país.  

“El agua no se vende, se ama y se defiende”, manifestaron integrantes del CCAY.  

De acuerdo con Yameli Aguilar Duarte, maestra en ingeniería ambiental e integrante del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y del CCAY, los problemas que se viven actualmente en el estado se habían advertido desde hace años, pero ahora ya se hacen palpables, gracias a los diversos movimientos sociales.  

“No es sequía como tal es saqueo de grandes acuíferos, ya hay preocupación y ya empezó a permear la conciencia en la sociedad”, subrayó.  

Al 30 de junio, 25.89 por ciento del territorio nacional estaba en sequía de severa a excepcional y, ante ello, los titulares de las concesiones de aguas nacionales, sobre todo de los usos industrial y agrícola, deberán ceder a terceros el líquido de manera provisional, conforme a lo establecido en la declaratoria de inicio de emergencia por sequía publicada el 12 de julio en un acuerdo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el Diario Oficial de la Federación, explicó.  

Al respecto, Aguilar Duarte comentó que también hay riesgo de una sequía por el “factor antrópico”, que se trata del uso que se hace sobre un territorio, por lo que destacó que en este decreto no se consideran las extracciones de agua, los usos de suelo que son extractivistas. “Es agua de empresas, incluso trasnacionales que se toma para hacer productos. Están robando un tesoro que le pertenece a la nación”, indicó.  

La investigadora indicó que hay varios estudios e investigaciones científicas que se han hecho en la región que advierten de un severo problema con la calidad del agua, no obstante, las autoridades no le han hecho caso, sentenció, “no se consideran en las actualizaciones del ordenamiento ecológico territorial ni en el programa hídrico regional”.  

En Yucatán, según expuso el CCAY, los problemas de agua son cada vez más severos, ya que, por las características del suelo kárstico, el acuífero subterráneo es especialmente vulnerable a los efectos de la contaminación y sobre extracción.  

El CCY explicó que el suelo se encuentra gravemente amenazado por más de 400 mega fábricas de cerdos, algunas ubicadas en zonas naturales protegidas, por las industrias cerveceras y refresqueras y empresas inmobiliarias en expansión, sin una planeación adecuada a las características del territorio y sin que las autoridades regulen este crecimiento desordenado, afectando el acceso a los servicios públicos y vulnerando la salud de la población y del medio ambiente.  

Luisa Teresa Denegre-Vaught, igual integrante del Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, indicó que “ya basta de la simulación y corrupción”; las y los legisladores tienen una obligación y debe prevaler la ética y honestidad de las autoridades y empresas, detalló.  

“Hay muchas empresas que extraen el agua sobre un sistema kárstico vulnerable a la contaminación y no pagan impuestos bajo el argumento que dan empleos mal pagados”, sentenció. Por eso, indicó que es necesario una Ley General del Agua que deje de privilegiar a las grandes empresas y garanticen el derecho humano al agua.  

“Los legisladores deben dejar de priorizar a las empresas y empezar a trabajar para las comunidades mayas y la ciudadanía”, manifestó.  

También, las y los activistas resaltaron que las autoridades de los tres niveles de gobierno “han sido ciegos y han tenido oídos sordos”, a todas las alertas que se han dado por parte de los científicos.

“¿Cómo teniendo una alta vulnerabilidad, donde el suelo no tiene protección y el nivel del manto freático se encuentra a 10 metros se instalen proyectos altamente contaminantes, a los cuales no se les exige el cumplimiento de las normas que mandan las leyes”, manifestó Cuauhtémoc Jacobo Femat, presidente del CCAY.  

Para el activista, existe una complicidad de las autoridades con las empresas, pues no se explica que hayan obtenido permisos y autorizaciones para instalar sus proyectos, pese al daño que ocasionan al medio ambiente. “Hay una negligencia criminal y corrupción”, sentenció.  

Ley de Aguas  

El colectivo indicó que la actual Ley de Aguas Nacionales “salinista” es una ley obsoleta que debe ser abrogada, pues es la responsable de la pésima situación actual en materia hídrica, como el acaparamiento del agua por las grandes industrias, “la poca o nula regulación de las descargas contaminantes; del enfoque mercantil que prevalece sobre el enfoque de derechos humanos; del despojo de territorio y contaminación del agua de los pueblos originarios”.  

A su vez, denunció específicamente al senador panista por Yucatán, Raúl Paz Alonzo presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, como uno de los principales responsables que ha boicoteado la Ley General de Aguas ciudadana desde su encargo.  

“El senador no sólo ha sido sordo y ciego a las demandas ciudadanas, sino que con su actuar público, alineado a los intereses económicos, ha contribuido a la agudización de la crisis del agua en nuestro estado y a nivel nacional”, señaló el CCAY.  

Ante este panorama, el Consejo exigió la aprobación de una Ley General de Aguas en México; "retomar a la brevedad los trabajos de participación ciudadana para esta ley general de aguas. “Este mensaje es urgente para las y los legisladores, en especial al Senador Paz que representa a Yucatán, y ostenta el cargo de presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos por segunda ocasión”, precisó.

Edición: Laura Espejo