El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Esteban Abraham Macari presentó este miércoles una iniciativa para crear la Ley de Desarrollo Ganadero Del Estado de Yucatán y derogar la Ley Ganadera del Estado de Yucatán.
Esta propuesta de creación de la Ley, dijo, “no es una ocurrencia personal, es el resultado de varias jornadas de parlamento abierto con líderes ganaderos, productores pecuarios y autoridades estatales que hicieron las aportaciones necesarias para hoy poder presentar un producto legislativo sólido, fuerte y que -sobre todo- garantiza seguridad y protección al crecimiento de la ganadería en Yucatán”.
Apuntó que es necesario tomar en cuenta que la actual Ley Ganadera vigente en la entidad es del año 1972, por lo cual, las necesidades de los ganaderos de hoy son distintas; además, continuó, la mencionada ley cuenta con lagunas y temas obsoletos que obstaculizan el crecimiento de la ganadería en el estado y su correcto desarrollo.
Este es un tema de importancia para la entidad, detalló, pues 82 de 106 municipios están dedicados a esta actividad, especialmente en el centro, sur y oriente de Yucatán, con esta ley, el objetivo es “consolidar mecanismos que den respuesta y auxilio a los productores para planear, organizar, regular y promover el desarrollo, industrialización y comercialización pecuaria”.
Aseguró que poner en marcha los 310 artículos que contempla en su iniciativa, darán mayor sensación de seguridad a los ganaderos para proceder de forma legal cuando les roben un animal o lo trasladen sin autorización.
“También contará con una mayor intervención de la policía, de los ayuntamientos, del gobierno estatal y federal, y las dependencias gubernamentales para desarrollar mejores prácticas en beneficio de las y los productores, pero también mayores sanciones a los que infrinjan la Ley”.
Precisó que el fin es mejorar la organización de la actividad ganadera, así como procurar una correcta comercialización –interna y externa–, regular el control sanitario, la calidad de los productos, ofrecer certeza y seguridad jurídica en la propiedad del ganado y tipificar delitos que atenten contra el patrimonio de las y los ganaderos.
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