El pasado 26 de octubre, Julissa llegó al hospital para ser madre, sin saber que dos días después le arrebatarían a su bebé recién nacida y también a su hijo de seis años.
Dariana Quintal, abogada de Julissa, explicó que la madre llegó al Hospital General Agustín O’Horán para tener a su bebé, nosocomio en donde la trabajadora social comenzó a cuestionar sobre la orientación sexual de la madre, hasta llegar a decir que no sería “un buen ejemplo” para su hija (y su hijo de seis años) y logró que retuvieran a su bebé el 28 del mismo mes.
“Ella consideró que Julissa por el hecho de ser lesbiana no es apta”, por lo que le informaron que sería dada de alta, pero su bebé sería entregada a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay).
No conforme con eso, la trabajadora social también indagó sobre el hijo de seis años y descubrió que no está registrado, por lo cual citó a Julissa acompañada del niño para ir a la procuraduría, supuestamente, para que le hicieran un diagnóstico sicológico y así verificar que no fuera víctima de maltrato.
Una vez ahí, le dijeron que había un reporte de que lo maltrataba y le quitaron al niño.
“Entonces Julissa empieza a dar las vueltas, así recién parida para recuperar a los dos niños”, explica la abogada.
Para recuperar a sus hijos, le dijeron que tendría que llevar una carta de antecedentes no penales, un antidoping y una constancia laboral y, aunque acababa de dar a luz, la madre “tuvo que ir a chapear un predio y tuvo que ir a trabajar como ayudante de albañil para poder juntar el dinero para los papeles que le estaba exigiendo la Prodennay”, de acuerdo con su defensa.
A pesar de todo esto, “la Prodennay ya había iniciado un proceso legal, había presentado una denuncia a la Fiscalía por supuestos maltratos e incluso la señalan como drogadicta”, por lo que los papeles no harían que le entregaran a sus hijos.
Cuando la abogada fue por primera vez a la Prodennay le dijeron que le habían retenido al niño porque no estaba registrado, sin embargo, posteriormente comenzaron a alegar que la madre tenía un problema de adicciones, aunque incluso cuentan con el antidoping en donde demuestran que no es así.
Subrayó que la madre, independientemente de su orientación sexual, tiene el derecho a decidir maternar y “por donde le busques hay una violación a los derechos de Julissa y de los niños”.
Lamentó que Julissa ni siquiera haya podido amamantar a su bebé y señaló que “es un caso de discriminación total y criminalización a la pobreza, criminalización a su orientación sexual; ¿quiénes son estas personas para decidir quién y bajo qué circunstancias puede ser madre y quién no?”, acusó la defensora de la mujer.
Postura del DIF
Al respecto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán informó que la bebé recién nacida y el pequeño de 6 años mostraron indicios de encontrarse en una situación de riesgo si permanecían en resguardo de su madre.
Además, aseguró que la mujer fue informada en tiempo y forma de la situación de sus hijos y recibió orientación necesaria para obtener la guarda y cuidados de los menores.
“El pasado 26 de octubre, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay) activó los mecanismos de asistencia social pertinentes por el caso de una bebé, que en ese momento tenía dos días de nacida.
“Durante la investigación, se identificó a otro menor de 6 años de edad con una serie de omisiones en su cuidado, como que no está registrado ante el Registro Civil, no acude a la escuela y presenta evidencias de que recibe malos tratos, resultando que no se restituye en su totalidad sus derechos para vivir en condiciones dignas y para su sano desarrollo”, explicó el sistema.
El comunicado destaca que la mujer no cuenta con una red de apoyo por lo que fue necesario que la bebé y el niño quedaran bajo tutela del Estado.
La Prodennay se encargará de realizar el trámite de registro de los dos menores y de continuar con el proceso de investigación para garantizar que sea viable que ambos regresen a vivir con su madre.
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