Avanzan para expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Yucatán

Por unanimidad, esta mañana la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado de Yucatán aprobó modificaciones a la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de responsabilidad administrativa, así como la expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Yucatán.

Esta iniciativa fue propuesta por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Hugo Lozano Poveda, con el objetivo de expedir esta ley para homologar al marco federal el establecimiento de sanciones a quienes no la cumplan o hagan mal uso de los recursos públicos.

La responsabilidad patrimonial refiere a la obligación de entes públicos para indemnizar cualquier lesión que provoquen sus actividades en los bienes y/o derechos de las personas.

El fin de esta legislación es dotar de instrumentos para que las autoridades puedan conocer y resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial en Yucatán, así como para que quienes tengan afectaciones en la materia cuenten con el derecho a una indemnización.

“Pedimos de manera muy puntual el apoyo a los integrantes de la Comisión, se cristalizó en una votación unánime, después vamos a ir al Pleno y esperamos también tener una votación afirmativa por parte de los legisladores para algo que hoy ayuda en mucho a generar esa responsabilidad en quienes ejercen la función pública.”

El legislador explicó que es importante contar con sanciones para quienes incumplan esta ley y den mal uso a los recursos, en especial, para quienes en funciones del servicio público utilicen dicho cargo para que su influencia beneficie a alguien en particular.

Lozano Poveda aseveró que encaminarse hacia esta ley en el Estado es cumplir con lo que ya ocurre a nivel nacional, dando las directrices para las y los servidores públicos de la entidad.

Ahora, la discusión pasará al Pleno y, de aprobarse, añadirán un título sobre las responsabilidades de servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción en la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como expedirán la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Yucatán, misma que entraría en vigor el 1 de enero de 2024 y los entes públicos deberán emitir su reglamento al respecto en los 180 días posteriores a la publicación del decreto.

Edición: Emilio Gómez