Esta mañana, comunidades mayas y diversas organizaciones de la sociedad civil estuvieron en el Tribunal Unitario Agrario en Mérida para exigir una búsqueda intensa y diligente del abogado Ricardo Lagunes Gasca y del líder comunitario Antonio Díaz Valencia; ambos, señalaron, fueron secuestrados el pasado 15 de enero en Aquila, Michoacán.
Para los ejidatarios de Yucatán resulta importante sumarse a la lucha por encontrarlos porque han recibido apoyo directamente del abogado; Luis David Quijano Pool, ex comisario ejidal de Ixil, manifestó que “el abogado Ricardo apoyó al ejido de Ixil en el juicio con el que detuvimos el despojo de más de 5 mil 300 hectáreas de tierras de uso común”.
Destacó que es necesario que los gobiernos protejan a personas que, como él y el profesor Antonio Díaz, son defensoras. “También es importante que se limpie el Tribunal Unitario Agrario de funcionarios corruptos. En nuestro caso, el Tribunal ha favorecido a los despojadores con maniobras para trabar el juicio y evitar que se llegue a sentencia. Esto no resuelve los conflictos, sino que los agrava. Queremos que la justicia agraria sea eficiente y proteja a los campesinos, no a los despojadores”, dijo.
Vecina de Ixil, Berta Correa Córdova, también sumó su voz a esta exigencia, pidiendo que los elementos de seguridad cumplan con su trabajo y encuentren en dónde están los afectados, ya que “las familias y los comuneros de Aquila han denunciado que la búsqueda está siendo muy lenta y muy débil. Exigimos que las fuerzas de seguridad se apliquen en profundidad hasta hallarlos con vida”.
Ixil no es el único lugar de Yucatán que han apoyado, pues Aurelio Mugarte Xool, ejidatario de San José Tibceh, informó que el abogado Ricardo también les representó en un juicio con el cual lograron detener un megaproyecto que iba a destruir cientos de hectáreas de selva.
Aprovechó también para dar a conocer que el mencionado juicio tuvieron que litigarlo en el Tribunal Unitario Agrario de Mérida, ya que “el magistrado no quería reconocer que somos una comunidad maya y que nos amparan derechos colectivos. Hay que reformar en profundidad los Tribunales Agrarios para sacar a los jueces corruptos y asegurar la protección de nuestros derechos”.
Representando a Kinchil, el ejidatario Carlos Yamá aseguró que el Tribunal Unitario Agrario de Colima está relacionado con el secuestro de Ricardo y Antonio, pues no cumplió con la justicia para los comuneros que lideraban ambos.
“El Tribunal mantuvo esta situación de injusticia por años, y esto ha desembocado en violencia contra los defensores de la comunidad. En Yucatán ocurre lo mismo, en Kinchil iniciamos un juicio contra Kekén en el año 2012, pero recién ahora se va a llevar a cabo la primera audiencia. Ricardo debería representarnos en esta audiencia, y su secuestro nos deja en una situación de indefensión”.
También en Celestún reciben asesoría jurídica del abogado que fue secuestrado y por el que hoy luchan, Marco Rodríguez, ejidatario de Celestún, informó que les asesoró a ejidatarios que fueron despojados de forma ilegal de sus derechos y tierras, juicio que continúa en curso sin resolución.
“Es urgente que se reforme la Ley Agraria y los tribunales agrarios para poner freno a estos abusos. El sistema ahora está al servicio de intereses privados y funcionarios corruptos, no podemos tolerar más esta situación”, visibilizó.
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