El Congreso de Yucatán presentó este miércoles dos iniciativas para procurar los derechos de las mujeres; una de ellas busca proteger a las jefas de familia en diversos ámbitos y la otra asegurar el techo para víctimas de violencia al interior del mismo.
La legisladora Fabiola Loeza Novelo fue quien propuso crear la Ley Estatal para el desarrollo y Protección de las Mujeres Jefas de Familia del Estado de Yucatán y dijo que “fomenta el empoderamiento femenil como jefas del hogar con medidas económicas gubernamentales”.
Señaló que en Yucatán más de 128 mil mujeres expresaron trabajar por su cuenta, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). “Es innegable que el empuje femenil va en aumento, pero persisten problemáticas como la desigualdad salarial”.
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Por ello, puntualizó que propone esta legislación que contiene tareas, políticas y medidas institucionales para fortalecer el esfuerzo de las jefas del hogar que, no solamente se dedican a la crianza de su familia, sino también a las actividades laborales u otras.
Con 30 artículos divididos en ocho capítulos, apuntó, promoverán que las mujeres cuenten con herramientas y programas acordes a sus necesidades y las de sus familias, así lo informó la diputada.
De ser aprobada, dijo, será puesta en marcha por la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ambas de Yucatán, por la protección de las jefas de familia en diversas áreas tal como la salud, trabajo, economía e igualdad.
La otra iniciativa fue propuesta por la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Novelo Segura, quien expuso que cuando una mujer víctima de violencia de género vive con el familiar o la pareja que comete las agresiones, la mujer suele verse obligada a dejar el espacio o encontrar un refugio para vivir, convirtiéndose esto en una revictimización.
Por ello, pide modificar el Código de Familia del Estado, para que ante estas circunstancias, cuando la mujer denuncie sea el agresor quien deje el domicilio; la propuesta “busca ampliar esa protección para mujeres que sean víctimas de violencia por parte de familiares o de parejas con las que comparten residencia”.
Esta iniciativa pide la existencia de una orden de protección que garantice el uso de la casa y el patrimonio familiar en caso de denuncias de violencia por género.
Edición: Estefanía Cardeña
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