“Es necesario trabajar para garantizar el acceso a la energía, pero sin violar los derechos de las comunidades”, declaró Shalanda H. Baker, directora de la Oficina de Impacto Económico y Diversidad del Departamento de Energía de Estados Unidos, durante una conferencia magistral ante alumnos de la UADY.
La funcionaria estadunidense presentó la conferencia magistral Justicia Energética, en la que destacó la importancia de que las comunidades sean el centro de la discusión respecto al uso de las energías renovables para garantizarles una menor afectación en la lucha contra el cambio climático.
Recordó que hace casi 14 años, cuando visitó el estado de Oaxaca, se dio cuenta que la transición hacia las energías limpias generaba preocupación entre la población, y que eran pocos los investigadores y especialistas que conocían estas condiciones.
“Los derechos humanos de los indígenas y comunidades no estaban en el centro de la discusión del cambio climático, todos se centraban en ciencia y tecnología para facilitar la transición. Los indígenas de Oaxaca, contrario a lo que muchos pensaron, sí conocían las afectaciones que esto les generaría y decidieron organizarse para luchar por sus derechos”, manifestó.
Esta experiencia también le permitió ver que en las poblaciones indígenas donde se instalaban proyectos de energías renovables eran discriminadas y tenían diversas afectaciones, por lo que decidió tomar acciones al respecto.
Detalló que en Estados Unidos se ha implementado el programa Justicia 40, que tiene como objetivo centralizar las voces de las comunidades respecto al combate del cambio climático, con el fin de buscar beneficios reales para empresas y pobladores.
Como parte de las políticas de este proyecto, cuentan con una bolsa de 100 mil millones de dólares para financiar empresas de energías renovables, sin embargo, entre los requisitos que se deben cumplir para poder ser beneficiarias está involucrar a comunidades vulnerables en los procesos para definir la instalación de las plantas.
“El cambio estructural es necesario, pero se debe hacer poco a poco, por ello se necesita la suma de esfuerzos de todos los sectores. En el caso de las instituciones como estas, el acercamiento de profesionales a los estudiantes permite generar conciencia y atraer nuevas ideas que permitan combatir el cambio climático sin afectar los derechos humanos de otras personas”, resaltó.
Baker dijo que en su país 47 por ciento de los hogares latinos y el 50 por ciento de los hogares de color, enfrentan una profunda precariedad por la estructura del sistema energético, por ello es necesario reconfigurar la forma en que se trabaja para garantizar una justicia real.
Mientras que en el caso de México también hay indicadores preocupantes: en 2014, alrededor de 61 por ciento de los hogares padecía pobreza energética; 38 por ciento no tenía acceso a la energía eléctrica; 34 por ciento no podía pagarla y 11 por ciento padecía de ambas.
“En México se han adoptado políticas de consulta comunitaria en los proyectos de energía renovables y esperamos que estos continúen, sin embargo, se pueden tomar más acciones”, advirtió.
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