En virtud de que diputados de la fracción parlamentaria del PRI y el legislador Alejandro Cuevas Mena del PRD enviaron sendos oficios solicitando aclaraciones al Poder Ejecutivo de Yucatán, los integrantes de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado no llegaron, este miércoles, a un acuerdo para dictaminar la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán a modificar el contrato del proyecto para la Prestación de Servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, presentada por el gobernador Mauricio Vila Dosal.
De ese modo, la Comisión entró en receso hasta este jueves a las 11 de la mañana, cuando volverá a sesionar, a fin de analizar las respuestas requeridas.
Como publicó La Jornada Maya, el 29 de junio de 2020, dicho contrato (signado durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, de extracción priísta), tiene aún 12 años de vigencia y en ese plazo se pagarán 4 mil 485 millones de pesos, cifra que impactará directamente en los bolsillos de la ciudadanía. Ante este panorama, el gobernador Mauricio Vila Dosal logró renegociar con las empresas acreedoras una baja en la deuda de mil 500 millones de pesos, al decidir pagar la penalización para dar por finalizado el contrato.
Cuestionamientos
En nombre de los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI, la diputada Janice Escobedo Salazar entregó al presidente de la Comisión, Víctor Merari Sánchez Roca, un documento donde solicitan se les haga llegar el anteproyecto del convenio modificatorio para la terminación anticipada del contrato para la prestación de servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida con la Promotora de Cultura Yaxché, y también el documento donde se acredite en qué consistiría el compromiso financiero del Gobierno del Estado en ese acto modificatorio.
También requirieron el documento suscrito por la Secretaría de Administración y Finanzas, así como la futura corrida financiera a la que se haga alusión, al tiempo que le pidieron a la actual directora general del Instituto de Historia y Museos de Yucatán aclare a nombre de quién ha estado la Promotora de Cultura Yaxché, emitiendo los comprobantes fiscales, “ya que de la lectura del oficio se entendería que el pago de la contraprestación se ha estado cubriendo del fideicomiso de garantía y no del Instituto responsable de la obligación contractual”.
Por su parte, Cuevas Mena (PRD) cuestionó los términos del contrato, expresando que la autorización que solicita el Ejecutivo es general, pero no aclara qué puntos y qué apartados quieren modificar, por lo que no se puede analizar un contrato “que no tenemos”.
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Milagros Romero Bastarrachea, indicó que a ella le resulta muy claro la acción a seguir, defendiendo la iniciativa en el sentido que no se le va a seguir abonando “cifras leoninas a particulares”, ya que resulta más conveniente dar por finalizado el contrato.
“Si quieren que revisemos el convenio lo vamos a hacer y vamos a hacer público lo que aquí se afirmó para que todo Yucatán recuerde, lo furiosos que estamos los yucatecos por este museo, no sé dónde está la complicación de este tema”, sentenció.
Por la terminación anticipada del contrato deberían pagarse 3 mil 88 millones de pesos, en anualidades, lo que implicaría el ahorro de mil 500 millones de pesos. La deuda aumenta año con año y se calcula que, de no renegociarse, para el año 2032, fecha de culminación del contrato, se habrán pagado hasta seis mil 415 millones de pesos, según informó en su momento el Gobierno del Estado.
“Es muy importante recalcar que no hay un nuevo contrato, y tampoco se va a contratar más deuda”, concluyó Sánchez Roca.
Edición: Mirna Abreu
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