Tras largas discusiones y solicitudes de aclaraciones al Gobierno del Estado, finalmente la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado aprobó por mayoría la iniciativa de Decreto por la que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán modificar el contrato del proyecto para la Prestación de Servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, presentada por el gobernador, Mauricio Vila Dosal, dictamen que el próximo martes pasará al Pleno para su aprobación definitiva.
A través de esa modificación, el gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, está solicitando la autorización para dar por finalizado el contrato y generar un ahorro de mil 500 millones de pesos.
La diputada priísta, Janice Escobedo Salazar, le solicitó al presidente de la Comisión, Víctor Merari Sánchez Roca, que hiciera constar en actas que se abstenía en la votación, ya que solicitó información adicional para tomar su decisión final. Por su parte, su compañero de bancada, Marcos Rodríguez Ruz, también se abstuvo en la votación.
Sin embargo, Sánchez Roca sostuvo que ya no se pedirá más información al Ejecutivo Estatal “porque el dictamen ya se votó, la Comisión ya solicitó la información y lo que respondieron es la base sobre la que se discutió”.
“Creo que debe de pasar, necesitamos 13 votos para la aprobación y creo que se pueden conseguir”, precisó con relación a sus expectativas de aprobación definitiva del dictamen el próximo martes.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández, si bien no forma parte de la Comisión, solicitó, al igual que Rodríguez Ruz, el perredista Alejandro Cuevas Mena y el morenista Miguel Candila Noh, el modelo de proyecto del contrato modificatorio, “no estamos pidiendo el contrato firmado sino que nos digan qué es lo que quieren que aprobemos y las condiciones de rescisión del contrato”, así como los costos que supondrá el mantenimiento del Museo.
La legisladora de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, aclaró algunos términos de la discusión en cuanto a ahorro, al puntualizar que las condiciones actuales del contrato contemplan un costo de terminación de dos mil 918 millones de pesos, incluyendo el IVA, “y en los 12 años que quedan se estima que se pagarían cuatro mil 895 millones, además de los mil 850 que ya se pagaron”, si es que no se rescinde el contrato.
Detalló que la renegociación del contrato permite al Estado establecer pagos fijos en vez de tarifas ajustadas a la inflación y esto es lo que hace que al reducirse se calcule un ahorro de entre mil 479 millones a mil 770 millones de pesos, “porque depende de la inflación”.
“Si la inflación fuera sólo del cuatro por ciento nos estaríamos ahorrando mil 479 millones, si fuera del cinco por ciento, mil 770 mdp, hoy estamos en una debacle económica y seguramente nos ahorraríamos mucho más”, aseguró.
Edición: Enrique Álvarez
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