“Lo veo como una oportunidad del Congreso para enmendar la muy mala actuación que nos dejó en vergüenza a nivel nacional de haber votado en contra de los derechos humanos, en dos ocasiones y de manera secreta”, sostuvo la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Milagros Romero Bastarrachea, sobre la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer un amparo contra el Congreso de Yucatán, el cual rechazó la aprobación del matrimonio igualitario en la entidad en 2019.
Con tres votos a favor y dos en contra, la Primera Sala de la SCJN decidió, el pasado miércoles, que resolverá si el Congreso de Yucatán violó el Pacto Federal al negarse a reconocer el matrimonio igualitario durante la votación de una iniciativa sobre el tema en 2019, tras un amparo presentado por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias (Colectivo PTFY).
Romero Bastarrachea detalló que antes de la segunda votación, el 15 de julio de 2019, “la SCJN nos envió una solicitud para que aprobáramos favorablemente el matrimonio igualitario y el Congreso la ignoró; si esa es la línea legal que ha tenido el Tribunal Superior pues en congruencia tendría que votar a favor de este amparo”.
“Creo que cuando se realizó la primera votación existía el privilegio de la duda sobre este Congreso de que pudiera votar a favor de manera voluntaria y sin trabas, al ver que no fue así entonces para la segunda votación la SCJN envió una carta solicitando a todos los diputados que refrendáramos el compromiso de defensa de los derechos humanos”, precisó.
Agregó que la decisión del miércoles es muy esperanzadora para que el máximo tribunal le solicite al Congreso que vote a favor del matrimonio igualitario.
“Esa es la esperanza que tenemos, independientemente de la iniciativa que presentó Movimiento Ciudadano, el 15 de diciembre de 2019, que deberá también ser analizada y votada, como la del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán y la recomendación de la Suprema Corte sería una fuerza muy grande que casi evitaría que se pudiera votar en contra otra vez y mucho menos en secreto”, concluyó.
Cuestión de derechos humanos
Por su parte, la presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, Janice Escobedo Salazar, afirmó que “este es un tema de derechos humanos por ello estoy a favor, respeto la decisión que tomaron los diputados y diputadas en el sentido del voto que expresaron, pero es muy importante que si finalmente hay una resolución de la SCJN que indique que nosotros violentamos ese pacto, el Congreso del Estado tendría que acatar la resolución”.
Indicó que es una obligación y responsabilidad del Congreso defender y proteger los derechos no sólo de las mayorías sino también de las minorías.
“En el Congreso hemos en todo momento legislado siempre procurando el bienestar de la mayoría, porque siempre va a haber una parte de la población que no se sienta identificada con esa ley”, manifestó, sin embargo aclaró que “lo que debe siempre prevalecer en toda legislación es el respeto a los derechos humanos”.
Aunque existe jurisprudencia de la SCJN a favor de los matrimonios igualitarios, en Yucatán el Congreso ha rechazado en dos ocasiones reformar su código civil para permitir este tipo de uniones en la entidad. La última ocasión se registró el 15 de julio de 2019, cuando los diputados emitieron su voto por cédula, supuestamente para protegerse de posibles represalias.
El Colectivo PTFY indicó que muy probablemente el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá será designado para realizar el proyecto de sentencia, el cual será sometido a votación de la Primera Sala aproximadamente a finales de este año o a principios del 2021.
Edición: Enrique Álvarez
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