Congreso de Yucatán atenderá en sesión extraordinaria exhorto de la SCJN sobre despenalización del aborto

Este martes, el pleno votará para reformar el artículo 1 de la Carta Magna local
Foto: Reuters

Al término de la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso de Yucatán del lunes, cuando ya habían finalizado los temas de la agenda del día, el presidente de esta comisión, Alejandro Cuevas Mena, dio lectura de un oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual advertía al Poder Legislativo local de una posible sanción económica si no hacía un cambio en el artículo 1 de la Carta Magna local, que refiere a que se deben garantizar los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo los derechos de la mujer sobre su cuerpo. Tras ello, este martes 12 de agosto se votará sobre este mandato en sesión del pleno.

“Ya nos fue notificado a esta legislatura y quisiera leerles la parte final donde establece y dice, "De la tabla comparativa realizada entre las posiciones normativas de los presupuestos declarados inválidos con la primera sala del alto tribunal y las acciones realizadas por el Congreso del Estado de Yucatán, se advierte claramente que la ejecutoria del amparo no se cumplió a cabalidad, repito, no se cumplió a cabalidad”, leyó Cuevas Mena al fungir como presidente de la Comisión de Puntos. “Debido a que no se hizo reforma alguna al artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Yucatán”, prosiguió.

Acto seguido, José Julián Bustillos Medina que le diera lectura a la petición del máximo juzgado: “Artículo único. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 1 de la Ley de Protección Política del Estado de Yucatán para quedar como vigente. Artículo 1. El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano. Transitorio. Primero, entrar en vigor. La Ley de Protección entrará en vigor el día siguiente a la promulgación del decreto oficial del Gobierno del Estado de Yucatán”, dijo en su calidad de Secretario de la Comisión.

Esto, generó la reacción de la bancada de Acción Nacional por medio de su coordinador, Roger Torres Peniche, quien recordó que la sexagésima cuarta legislatura se encuentra en receso y que no es necesario convocar un periodo extraordinario. “La sentencia habla expresamente de periodo ordinario y ahorita estamos convocando un periodo extraordinario. Entonces, si estamos queriendo ser más legalistas que el Papa, pues veo que ustedes están pasando la sentencia por un periodo extraordinario en lugar de esperar a que inicie próximamente el periodo ordinario que corresponde”, argumentó. 

Sin embargo, el presidente de la Comisión precisó que el oficio de la Suprema Corte pidió la mayor celeridad en el proceso. “No es así seguir pateando la lata, sino que dice incluso que además de que no se ha dado cumplimiento, se requiere al Congreso del Estado y este tiene que informar a la celeridad posible a este juzgado las gestiones que realice para complementar la sentencia de amparo”, refutó Cuevas Mena. 

La Diputación Permanente le dio la “razón” a Cuevas Mena

Luego de que se aprobara en la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen enviado por la SCJN, la Diputación Permanente hizo la convocatoria para un periodo extraordinario. 

En primera instancia, se analizará la propuesta de acuerdo suscrita por los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, mediante el cual se designa a dos diputadas y un diputado para concurrir a las sesiones del Comité de Seguimiento del Proyecto Ampliación del Puerto de Altura de Progreso y Obras Complementarias. 

Asimismo, el dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en materia de armonización. 

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado en materia de armonización con el marco federal. 

Y el dictamen de la citada Comisión para modificar la Constitución local en materia de reconocimiento de derechos humanos.

Edición: Fernando Sierra


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