La resolución federal dejó sin efecto la entrega de los inmuebles realizada en junio de 2025 a Barbachano y anuló la decisión de una jueza de Quintana Roo que había autorizado levantar el aseguramiento de los hoteles y entregárselos, pese a carecer de competencia para hacerlo frente a un fallo previo de un Tribunal Colegiado que estableció la jurisdicción en Yucatán. Asimismo, se determinó que dicha jueza no podía restituirle la posesión, ya que esta había sido entregada por el propio Barbachano a Inmobiliaria R4 desde el año 2020.
El conflicto se originó en 2020, cuando Inmobiliaria R4 firmó con Barbachano un contrato de promesa de compraventa y le entregó la posesión de los hoteles. Posteriormente, Barbachano se retractó de la operación pese a haber recibido ya 4.5 millones de dólares.
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