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Astrid Sánchez
24/03/2026 | Mérida
El relator especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, respaldó la lucha de las comunidades mayas de Yucatán en contra de los proyectos contaminantes y advirtió sobre la crisis socioambiental que esta situación representa para el territorio.
Durante su visita a Yucatán, Marcos Orellana tomó nota sobre los daños ambientales y las violaciones a los derechos del pueblo maya, como resultado del crecimiento descontrolado de las denominadas fábricas de animales y también sobre las afectaciones a las abejas en comunidades mayas a causa de la liberación de plaguicidas.
En su postura, el relator especial criticó que no existan las medidas suficientes para garantizar que no se vulnere el medioambiente ni los derechos de las personas que viven cerca de estos proyectos, como las granjas porcícolas.
“La industria por sí misma no es una amenaza al medioambiente, lo que sucede es que la práctica industrial donde las normas no son lo suficientemente robustas para asegurar los derechos humanos de las personas que se puedan ver expuestas a la contaminación que genera la industria es ahí donde está el problema”, declaró durante su cierre de visita oficial a México.
Además, declaró urgente diseñar una Ley General sobre Plaguicidas Altamente Peligrosos, la cual atendería la problemática en todo el país y en Yucatán tendría un impacto positivo principalmente en la actividad apícola y la meliponicultura.
“(El uso de plaguicidas altamente peligrosos) afecta el sustento (de las familias mayas), sus derechos culturales, la armonía con los ecosistemas sufre por la liberación intencional al medioambiente de estos plaguicidas”, advirtió.
En su paso por Yucatán, el relator especial fue informado sobre las más de 500 granjas porcícolas en las inmediaciones de tierras y territorios indígenas, algunas con capacidades de hasta 50 mil cerdos, las cuales producen grandes cantidades de excretas y aguas residuales contaminadas con hormonas y antibióticos, la cual se filtra en el manto acuífero.
Marcos Orellana advirtió que la descarga continua de desechos en cuerpos de agua, sobre todo dentro del Anillo de Cenotes, vulnera los derechos al agua, a la salud y al medio ambiente sano.
“He visto el aumento descontrolado de fábricas de animales, especialmente de los cerdos, más de 500 fábricas, algunas con 50 mil o 100 mil cerdos, son volúmenes de generación de residuos, excretas y otros que son peligrosos, el uso de hormonas, el uso de antibióticos en los procesos industriales en la crianza de los cerdos. Todo esto está generando un tremendo impacto en los acuíferos. Recordar que Yucatán tiene suelos kársticos -así lo aprendí en esta visita- en donde el agua se encuentra a muy pocos metros de profundidad y donde los contaminantes migran muy rápidamente a los acuíferos”, declaró Orellana desde la Ciudad de México.
Al respecto, el relator especial llamó a las autoridades a generar planes de justicia ambiental para resarcir estos daños y aplicar políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de las personas.
“El respeto al derecho humano a un medioambiente libre de tóxicos es piedra angular de un futuro de paz y prosperidad para los pueblos”.
El relator compartió que escuchó a las comunidades, a adultos mayores y lamentó que la contaminación haya cambiado el ecosistema como se conocía antes.
Declaratoria de emergencia
Al respecto, organizaciones de la sociedad civil en Yucatán como Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A. C, Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Subcomisaría municipal, Comisariado ejidal y Consejo comunitario maya de Santa María Chi y Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán, entre otras, aplaudieron la visita del relator especial al territorio yucateco e informaron que respaldó su llamado a realizar una Declaratoria de Emergencia Sanitaria y Ambiental para destinar recursos orientados a la reparación del daño y la no repetición.
“Ante este reconocimiento internacional, exigimos a los tres niveles de gobierno: Emitir de manera inmediata la Declaratoria de Emergencia Socioambiental en la península de Yucatán. Establecer una Mesa de Emergencia Socioambiental Peninsular, con participación directa de los pueblos mayas, organizaciones civiles y la academia. Suspender las operaciones y nuevas autorizaciones de proyectos extractivos, agroindustriales, inmobiliarios y de infraestructura que generen daños ambientales y violaciones a derechos humanos.
“Asegurar el de recho a la consulta indígena conforme a estándares internacionales. Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, es decir, acceso a agua limpia, segura y libre de contaminantes. Implementar un sistema integral de monitoreo epidemiológico sobre los efectos de sustancias tóxicas. Detener la criminalización de personas defensoras del territorio y garantizar su protección. Reforzar de manera efectiva los mecanismos de supervisión, fiscalización y transparencia ambiental. Implementar programas de restauración ecológica y de salud comunitaria, con recursos estatales y federales.
“Garantizar el derecho a la información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Respetar la libre determinación y autonomía del pueblo maya, incluyendo la decisión de declarar sus territorios libres de megaproyectos. Reparación de daños ambientales, económicos y sociales a las comunidades y personas afectadas por las agroindustrias. Reconocimiento de la vulnerabilidad del territorio y acuífero kárstico a la contaminación y la sobreextracción. Actualización del marco jurídico ambiental ante la apertura gubernamental de más megaproyectos a la península de Yucatán y contaminantes emergentes sin regulación”, compartieron las organizaciones a través de un comunicado.
