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Astrid Sánchez
15/04/2026 | Mérida
Apelando a la facultad que tiene el congreso estatal de proponer modificaciones a nivel federal, este miércoles el diputado Álvaro Cetina presentó una iniciativa para “blindar” la compra de medicamentos que se distribuyen en las instituciones públicas de salud del país.
La propuesta surge luego de que se diera a conocer el caso de un paciente yucateco que recibió al menos una dosis de un medicamento apócrifo contra el cáncer conocido como keytruda en un Issste de Mérida, situación similar a la que vivieron otras personas en otros estados del país.
El diputado panista reclamó que la aplicación de este fármaco pirata haya causado secuelas en el paciente, lo que calificó como un descuido “criminal” y presentó una propuesta que establezca un Sistema Nacional de Trazabilidad de los Medicamentos para conocer quién compra, quién almacena, quién licita y quién aplica.
Además, sugiere que todas las compras públicas que se realicen cuenten con la certificación de los laboratorios que elaboran los fármacos y que se sancione a las personas responsables de suministrar medicamentos apócrifos a los pacientes.
Así, se reformarían Ley General de Salud, la Ley de Adquisiciones y el Código Penal Federal, en caso de que la propuesta avance y llegue al Congreso de la Unión.
“En Yucatán tenemos que tomar cartas en el asunto porque tiene que existir una regla de oro que se revise con atención lo que se le da a la población. Porque un error en salud no es simplemente un error, se trata de la vida”.
Además, el legislador dijo que como acción inmediata para apoyar a las personas afectadas Acción Nacional ofrece a las familias un equipo de abogados para tramitar amparos y dar acompañamiento en caso de ser necesario.
Iniciativas a favor de las infancias y adultos mayores
Por otro lado, en la sesión de este miércoles se presentaron iniciativas para garantizar que niñas, niños y adolescentes sean escuchados sin ser revictimizados en procesos judiciales; para garantizar condiciones de salud, participación y autonomía de las personas de la tercera edad; y para la protección de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de prevenir prácticas que vulneren sus derechos.