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Astrid Sánchez
29/04/2026 | Mérida, Yucatán
Luego de analizar distintos escenarios donde se lleva a cabo el ejercicio de protesta, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) emitió un informe en el que alerta sobre el uso desproporcionado de la fuerza, prácticas de vigilancia, estigmatización y criminalización de las personas manifestantes.
“El derecho a la protesta en Yucatán: desigualdades, resistencias y disputas por el espacio público” es un informe que revela que el Estado se ha encargado de dar un trato diferenciado a las manifestaciones, por ejemplo, suele tener una postura más agresiva contra las movilizaciones de mujeres o aquellas vinculadas a la defensa del territorio o medio ambiente, mientras que es más laxo frente a aquellas que son consideradas antiderechos, como el movimiento pro vida.
“Se ha identificado el uso desproporcionado de la fuerza, tácticas de dispersión agresivas y violaciones sistemáticas. La represión de la protesta tiene un efecto dominó sobre otros derechos humanos debido a su interdependencia. Si se silencia la calle, se debilita la libertad y asociación y los derechos políticos”, señaló María Guadalupe Méndez Correa, titular de la Codhey durante la presentación de este informe.
El documento señala que además de todos los obstáculos que enfrentan las personas que deciden manifestarse también sufren estigmatización que debilita la legitimidad de sus demandas.
En resumen, señala que a pesar de que en Yucatán se reconoce el derecho a la protesta, en la práctica no es así porque las manifestaciones no cuentan con el respaldo necesario.
“A partir de una investigación situada, se reconoce que la protesta está atravesada por sistemas de opresión como el patriarcado, el racismo y el clasismo, los cuales inciden directamente en quiénes pueden protestar, en qué condiciones lo hacen y cómo son percibidas sus demandas tanto por las autoridades como por la sociedad”.
La presentación del informe contó con la presencia de Ricardo Neves, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, quien destacó que la defensa territorial ha sido una de las temáticas que más ha fracturado al estado y que suele reprimirse.
Frente a este panorama, la Codhey realizó un exhorto al Estado y a los medios de comunicación para evitar discursos que deslegitimen las causas y mejor apostar por la generación de contenidos sobre derecho a la protesta y antidiscriminación.
También llamó a la adopción de protocolos específicos de actuación policial que garanticen la libre manifestación así como la realización de reformas necesarias para que no existan tipos penales que criminalicen la protesta como la calumnia, el motín, los ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, entre otros.
La presentación de este informe formó parte de la Misión Peninsular de la ONU-DH para fortalecer el el ejercicio de los derechos humanos y la libertad de expresión, que en su primer día consistió en la realización de encuentros con alumnos de la Facultad de Derecho y reuniones privadas con autoridades educativas.
Edición: Fernando Sierra
