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Astrid Sánchez
17/06/2026 | Mérida
Ante la falta de una resolución final en tres casos que afectan el medioambiente en Yucatán y Campeche, comunidades mayas levantaron la voz para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga los expedientes y brinde la protección permanente ante una amenaza que no ha sido extinta desde hace varios años.
Uno de los casos se desarrolla en el municipio de Homún, Yucatán, el cual forma parte de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, donde pobladores comenzaron en 2017 una lucha constante contra la instalación de una granja porcícola que amenaza con contaminar el acuífero y causar un impacto negativo en general en el ambiente y las actividades cotidianas.
Si bien, la comunidad ha logrado un amparo que obligó a cesar las actividades de la granja y el retiro de los cerdos de la zona, las y los pobladores se mantienen en alerta permanente debido a que existe la posibilidad que se de un revés al amparo y la empresa pueda retomar las actividades de la fábrica porcícola.
“Nosotros sentimos que si no tenemos la resolución definitiva, le estamos dando la oportunidad a la granja de que pueda volver a abrir en algún momento, por eso es mejor tener esta resolución porque durante todo este tiempo han intentado tirarnos el amparo, la empresa sigue moviendo recursos legales para regresar.
“No podemos tener esta tranquilidad al ver que no hay cerdos, no podemos estar tranquilos solamente porque todo está en calma, necesitamos tener la resolución definitiva para que nos respalde y sintamos al mismo tiempo que nuestra comunidad está a salvo de esta granja, pero también es importante pensar que no la resolución definitiva no sólo nos va a servir para tener la seguridad de que ya no nos está contaminando sino también para mantenernos respaldados y que ninguna otra megagranja, ningún megaproyecto se instale en nuestro pueblo, porque nosotros somos la mayor parte de reserva de agua dulce de esta parte de la nación”, declaró Maribel Ek, representante de la comunidad de Homún.
Lo que lograría esta resolución, si la SCJN aprueba atraer el caso, es garantizar la inviabilidad absoluta de la granja en el municipio.
“Con la sentencia se busca la no repetición de estos actos, es decir, que no se vuelvan a instalar megaproyectos en este territorio, que haya una reparación integral a las afectaciones que se ocasionaron en este pueblo maya, porque la granja aún sigue ahí y nunca se informó sobre qué ocurrió con los residuos que se produjeron durante el tiempo que estuvo operando y las aguas residuales también que en ese momento generaron. También se pide que se reconozca integralmente el derecho a la consulta previa y informada de este pueblo maya”, explicó Lourdes Medina, abogada del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal que acompaña a las comunidades.
En Homún también se localiza el segundo caso, que es el reconocimiento del Anillo de Cenotes como sujeto de derechos, es decir, que se le reconozca personal jurídica.
“Es un ecosistema mundialmente importante y estratégico para todas y para todos. Ese juicio también se solicita que sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí puntualizar que es una oportunidad histórica que tiene nuestro máximo tribunal para dictaminar por primera vez en México el reconocimiento que tiene la naturaleza como sujeto de derechos, dar una visión de importancia ecosistémica de estos de los los bienes naturales, pero sobre todo la oportunidad de pasar de los discursos sobre la protección de los pueblos indígenas a las acciones”, declaró Medina.
Por otro lado, el tercer caso que se piden que atraiga la SCJN es el reconocimiento de las abejas como sujetos de derecho que ha promovido desde 2012 la comunidad de Hopelchén, Campeche, que advierte sobre las amenazas que representan los monocultivos, los organismos genéticamente modificados, la deforestación y el uso intensivo de agroquímicos que han causado la muerte masiva de los polinizadores.
Recordaron que, durante una visita a la península de Yucatán, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos emitió una advertencia sobre la expansión de la agroindustria, que ha sido uno de los principales factores que han profundizado la crisis socioambiental que vive el territorio maya.
Por ello, el llamado es que se garantice el reconocimiento de la relación histórica, cultural, espiritual y económica que el pueblo maya ha mantenido con las abejas, a quienes consideran fundamentales para la vida.
El pueblo de Hopelchén ha conseguido un amparo contra el uso de agroquímicos, el cual consideran insuficiente para garantizar la protección del medioambiente, principalmente porque no hay garantías de su cumplimiento.
“Ya han sido muchos años y ya no es una solicitud sino es una exigencia ya que tenemos el derecho que nos corresponde como pueblos, lo que estamos exigiendo son acciones concretas, rápidas y urgentes. El pueblo maya ha declarado que la península de Yucatán tiene una emergencia socioambiental porque ya es insostenible lo que está sucediendo”, señaló Leydy Pech, defensora maya y guardiana de las abejas.
El equipo de Utsil Kuxtal destacó que la SCJN debe demostrar de forma tangible su intención de atender a los sectores históricamente discriminados y sentar el precedente para erradicar las violaciones sistémicas que ha vivido el pueblo maya.
“Se solicita que sea el máximo tribunal del país que pueda resolver porque estos tres casos dan la oportunidad de que la Corte siente precedentes importantes no solamente para Yucatán y para Campeche, sino para proteger los derechos de los pueblos indígenas de México, que es su principal discurso. Si realmente el discurso se quiere pasar a acciones concretas y dar el ejemplo deben atraer estos casos y dar resoluciones definitivas”, señaló Lourdes Medina.
